Para la financiación de la primera fase de este proyecto, el Gobierno nacional contratará un crédito externo con la banca multilateral hasta por USD100 millones, operación sobre la cual, este lunes, el Consejo de Política Económica y Social (Conpes) emitió concepto favorable.
El objetivo de la primera fase del programa de transformación digital de la justicia es incrementar la eficiencia y la transparencia del sistema de justicia para resolver los procesos y dar una pronta atención a las necesidades de los ciudadanos.
Con la modernización de la justicia se estima que los ciudadanos se ahorrarán, en promedio, $120.000 por proceso, unos $33.600 millones al año.
Otro avance significativo que se espera lograr es que en cuatro años el número de procesos que contarán con notificaciones digitales pasará de 140.000 a 1.120.000, cada año.
La consulta de los distintos procesos y servicios digitales de justicia se elevará del 1% al 60%.
Se pasará de 864 a 3.000 despachos judiciales con mecanismos apropiados de acceso y transparencia en su gestión procesal y administrativa, un avance del 17% al 64%.
La profundización digital beneficiará a las Altas Cortes, a 5.446 despachos judiciales y un poco más de 31.000 servidores de la Rama Judicial.
