La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo hoy que son preocupantes 'las manifestaciones en contra del sistema de justicia transicional' en Colombia, ideado para ayudar al país a avanzar en la consolidación de la paz sin permitir la impunidad.
Al presentar el informe periódico que prepara su Oficina sobre la situación en Colombia, la alta comisionada agregó que entre los hechos más inquietantes figuran las iniciativas en el Congreso para abolir ese mecanismo de justicia.
Consideró que es urgente que el Estado proteja a esa y otras instituciones, a sus integrantes y a las víctimas que acuden a ellas en busca de justicia.
La justicia transicional en Colombia es el mecanismo que posibilita el acceso a la verdad sobre todo para los sectores sociales más vulnerables y ha sido considerado en el medio jurídico internacional como un modelo para el mundo.
Bachelet también comentó que la futura publicación del informe de la Comisión de la Verdad será 'una oportunidad histórica para garantizar los derechos de las víctimas y abrir el camino a una reconciliación' que permita superar cuarenta años de conflicto armado interno.
En una presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Bachelet pidió a las autoridades que hagan más esfuerzos para proteger a la población de la violencia.
Planteó que para ello es imprescindible contar con una presencia estatal integral en los territorios más afectados.
Según el informe anual de la ONU sobre derechos humanos en Colombia, el año pasado se recibió información sobre 81 masacres, de las cuales 76 se pudieron documentar, con 292 asesinados.
Todo ello representó la cifra más alta desde 2014 y el doble que el año anterior.
Bachelet agregó que también se registraron 133 casos de homicidios de defensores de los derechos humanos, de los que 90 están ampliamente documentados.
Por otra parte, el informe se refiere a 'un aumento en el control territorial y social por parte de grupos armados no estatales y grupos criminales'.
El incremento de la violencia se produjo sobre todo en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Putumayo, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca, en particular zonas en las que habitan pueblos afrodescendientes, indígenas y campesinos.
En 2020, la ONU recibió información sobre 133 casos de homicidios de defensores de derechos humanos, de los cuales ha podido verificar 90 y siguen verificando 25, cifras superiores a las proporcionadas el lunes por el Gobierno colombiano, que reportó solo 66.
El Gobierno suele tomar las cifras de la ONU como las oficiales para hablar de homicidios de defensores de derechos humanos, unos hechos que han aumentado abruptamente en los últimos años.
