La Corte Constitucional le dio tres meses a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), a partir de diciembre pasado, para que 'actualice' el manual de criterios de valoración y realice 'las gestiones administrativas necesarias' para capacitar a los funcionarios encargados de resolver las peticiones y solicitudes relacionadas con la inscripción en la entidad.
La sugerencia del alto tribunal se da luego de atender y estudiar un caso de una mujer, cuyo hijo de 15 años, fue reclutado por grupos de autodefensas en octubre de 2002 y seis meses después se enteró que el menor había muerto en combate en Casanare.
Ante esta situación, la mujer le solicitó a la UARIV ser incluida en el registro de víctimas, pero la entidad negó su petición argumentando que el menor 'debía ser considerado victimario del conflicto armado, puesto que el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 establece que los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores'.
Pero en ese caso, el adolescente murió cuando todavía pertenecía al grupo ilegal, por lo tanto, la Corte ordenó a la UARIV para que incluya a la madre en el Registro Único de Víctimas 'por haber perdido a su hijo en medio del conflicto armado'.
El alto tribunal, con ponencia de la magistrada Gloria Ortiz Delgado, explicó que el hecho de que un menor muera mientras es víctima de reclutamiento forzado 'debe ser interpretado como una desvinculación en los términos de la Ley 1448 de 2011'.
'La interpretación de esta norma se orienta por la protección de quienes han sido reclutados ilícitamente y han tenido la peor consecuencia con ese reclutamiento que es la muerte en condiciones de esclavitud y maltrato infrahumano, como lo han reconocido las legislaciones y cortes a nivel nacional e internacional. Sin duda, un menor que ha sido reclutado ilegalmente y que muere en combate no solo concreta la afectación más grave a sus derechos, sino que pierde la posibilidad de restablecer los derechos que les son violados mientras participan en las hostilidades', indicó la sentencia.
