El asesinato de un líder indígena y una incursión paramilitar en Bahía Solano, en el selvático departamento del Chocó, obligó a más de 900 pobladores nativos a desplazarse de su territorio ante la indefensión en la que viven en ese corredor del Pacífico colombiano.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) se unió a la alerta emitida por la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) ante el masivo desplazamiento forzado, confinamiento y alto grado de vulnerabilidad multifactorial sufrido por esa comunidad.
El miedo de los pobladores aumentó con el secuestro y posterior asesinato, el pasado 3 de diciembre, de Miguel Tapí Rito, de 59 años, un líder comunitario que en 2019 ejerció como gobernador de los resguardos de El Brazo y Bacurú Purrú.
'Una población de 916 habitantes entre la mayoría niños y jóvenes tuvieron que salir de sus territorios en plena pandemia, para buscar refugio por temor a que sigan asesinando a más miembros de su comunidad por el grupo armado; los desplazados se encuentran en el Colegio del corregimiento del Valle, en el municipio de Bahía Solano; aunque la Personería municipal atiende a gran parte de las familias, la crisis se agudiza debido a que diariamente aumenta la cifra de indígenas desplazados por la violencia', señaló la Onic a través del reporte epidemiológico.
Ayudas
La organización, bajo los mandatos de la Ley de Gobierno Propio Pacto para Volver al Origen, señaló que 'tiene la obligación de actuar jurídica, política y organizativamente en pro de la defensa de la vida, y en contra los procesos de exterminio y extinción física y cultural que atentan contra la pervivencia de los pueblos indígenas'.
Entre otras acciones, en el marco de la pandemia para el cumplimiento de su responsabilidad, la organización que 'asume la emisión de alertas epidemiológicas que permitan notificar hechos y situaciones que respondan a los lineamientos definidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el fin de que se activen todas las instancias de Gobierno propio, de los aliados y medios de comunicación, con carácter de urgencia'.
La comunidad desplazada, aseguraron varios activistas de derechos humanos,necesita ayuda humanitaria como alimentos no perecederos, implementos de cocina y de aseo, frazadas y colchonetas; la implementación de condiciones de bioseguridad en los albergues como la instalación de lavamanos, dotación de tapabocas, agua, lugares para dormitorios, espacios para armar fogones, apoyo para la consecución de insumos para preparar medicina ancestral entre otros.
El defensor del pueblo, Carlos Camargo, había advertido recientemente sobre el riesgo que corría la comunidad por la presencia de actores ilegales en esa zona y posteriormente confirmó el desplazamiento masivo de 906 personas que forman parte de 195 familias, entre ellas cerca de 200 niños.
Específicamente en abril pasado, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en la que denunció ante el Ministerio del Interior la situación de riesgo que afrontan los habitantes de los corregimientos de El Valle, Huaca, Bahía Cupica y la vereda Playita Potes por la disputa entre las AGC, el grupo armado de crimen organizado Los Chacales y el ELN.
'Esta dinámica aumentó la vulnerabilidad de las autoridades étnicas y pobladores de la región Pacífico Norte del Chocó, ante las limitaciones por parte de las autoridades para garantizar la seguridad de los ciudadanos en los territorios abandonados por las Farc luego de su proceso de dejación de armas', advirtió la Defensoría en su alerta.
Bahía Solano, mundialmente reconocida como la sala de parto natural de las ballenas que entre julio y agosto de cada año visitan sus aguas, es también una estratégica zona apetecida por bandas traficantes de drogas por sus salidas al océano Pacífico y su proximidad a la frontera con Panamá.
Disputa en el paraíso
Históricamente grupos como el frente 57 de la antigua guerrilla de las Farc, el frente Héroes del Chocó del Bloque Pacífico de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el frente Resistencia Cimarrón de la guerrilla del ELN, han controlado este corredor al que convirtieron en una zona de embarque de narcotráfico y tráfico de armas a través de lanchas rápidas y pistas aéreas clandestinas.
A la disputa que ya libraban las AGC y el ELN se sumaron a finales de 2016 Los Chacales, una banda criminal dedicada principalmente al transporte, comercialización y embarque de cocaína, que tras el desarme de las Farc ha extendido sus tentáculos y se ha fortalecido.
