Hace 30 años, el 9 de diciembre de 1990, fueron convocadas las elecciones de los 70 delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, más cuatro constituyentes con voz, pero sin voto de los grupos armados que negociaban la paz con el Gobierno: EPL, Quintín Lame y PRT.
La idea, que era remozar la centenaria Constitución de 1886, la propuso el entonces presidente liberal Virgilio Barco en 1988 y logró un acuerdo con los opositores conservadores, encabezados por el expresidente Misael Pastrana, al mismo tiempo que el movimiento estudiantil ‘Todavía podemos salvar a Colombia’ planteaba la Séptima Papeleta para impulsar la consulta popular en las parlamentarias de marzo de 1990.
En la asamblea, instalada el 5 de febrero de 1991 y que suscribió la Carta Política el 4 de julio de ese mismo año, tuvieron representación los liberales, los conservadores, el M-19 y los disidentes conservadores del Movimiento de Salvación Nacional, MSN. Sus presidentes, por acuerdos, fueron Horacio Serpa, Antonio Navarro Wolf y Álvaro Gómez. Misael Pastrana renunció al organismo.
Los 12 costeños
Entre los redactores de la Constitución de 1991, una de las más celebradas por juristas y constitucionalistas nacionales e internacionales, había 12 costeños:
Eduardo Verano de la Rosa, liberal, administrador de empresas, especialista en desarrollo regional, exministro de Ambiente y exgobernador del Atlántico.
Hernando Herrera, liberal, abogado, exsecretario privado del Ministerio de Justicia, exviceministro de Comunicaciones y exconjuez del Consejo de Estado.
Jesús Pérez González-Rubio, liberal, abogado, profesor de derecho constitucional.
Julio Salgado Vásquez, liberal, exmagistrado de la Corte Suprema, miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, cofundador de la Universidad Autónoma del Caribe y profesor de derecho constitucional.
Juan B. Fernández Renowitzki, liberal, abogado, exmagistrado del Tribunal Superior del Atlántico, exalcalde de Barranquilla, exministro de Minas y Comunicaciones, exembajador en Chile y fundador y exdirector de EL HERALDO.
Eduardo Espinosa Faciolince, liberal, médico, exviceministro de Salud, exdirector del Sena en Bolívar, exvicepresidente de la OMS y exrector del Instituto Piaget.
Guillermo Guerrero Figueroa, liberal, abogado laboralista, escritor, profesor emérito de la Universidad de Cartagena.
Héctor Pineda, M-19, arquitecto de la Universidad del Atlántico, vocero de los diálogos de paz, columnista y consultor del Pnud.
Orlando Fals Borda, M-19, historiador, sociólogo, escritor, fundador del departamento de sociología e investigador del Instituto de Estudios políticos de la Universidad Nacional.
Raimundo Emiliani, MSN, abogado, profesor universitario, exministro de Trabajo y Justicia, diplomático y escritor.
Carlos Abello Roca, MSN, abogado, experto en derecho laboral, profesor universitario, expresidentente de la Cámara, columnista de EL HERALDO y fundador de la Facultad de Derecho de la Universidad del Norte.
Carlos Rodado Noriega, conservador, ingeniero civil, doctor en economía, exvicepresidente de la Cámara, exministro de Minas, expresidente de Ecopetrol y exgobernador del Atlántico.
Logros y errores
El constitucionalista Juan Manuel Charry le dijo a EL HERALDO que la Constitución de 1991, aparte de resolver la coyuntura del narcotráfico, prohibiendo la extradición, 'coloca a la persona humana como el centro de reflexión de la Constitución, eleva los derechos fundamentales a un rango superior dentro del orden constitucional, crea un procedimiento de defensa como es la acción de tutela junto con otras para otro derechos como las acciones populares'.
Y critica el catedrático del Rosario 'el diseño de la estructura del Estado, una rama judicial hipertrofiada, un sistema político que se fraccionó muchísimo y que se ha reformado varias veces sin encontrar su punto y un Estado con muchas autoridades'.
Para el constitucionalista Eduardo Palencia, 'se amplifica el acápite de derechos fundamentales, la acción de tutela es el mecanismo de defensa más importante que ha tenido el ciudadano en Colombia y el surgimiento de la Corte Constitucional a mi juicio refunda el derecho en el país y hace que se cambien consideraciones legalistas en Colombia'.
El profesor de la Universidad Simón Bolívar señala en este diario como punto negativo 'la intención de que se ampliara la democracia participativa y directa, en donde el poder local cobra mayor protagonismo y eso lo que hizo fue que los caciques locales tuvieran mayor poder y eso generó clientelismo y coacción'.
Y entre los pendientes, dice, están 'el estatuto de la oposición desde el punto de vista político se tiene que fortalecer' y 'también la participación del Estado (...) en proporcionar los medios necesarios para que en nuestro país se vaya cerrando la brecha social'.
Por su parte, el expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández pone de presente en este periódico que 'el proceso jurídico-político que tuvo lugar en el 90, resultó trascendental para la expedición de la Constitución del 91. La propuesta inicial no apuntaba a derogar la Constitución de 1886 sino simplemente a reformarla. Gaviria asumió como propio el propósito de Barco de modificarla. Se habló entonces de una asamblea constitucional, pero la Corte Suprema consideró que era inconstitucional fijar límites y pasó a establecerse una nueva Constitución'.
