La Contraloría imputó responsabilidad fiscal por la suma de $4,1 billones de pesos contra 28 funcionarios y contratistas que afectaron la operación del Proyecto Hidroituango, entre los que se encuentran Sergio Fajardo, Luis Alfredo Ramos y Aníbal Gaviria.
Esto, se lee en el documento, 'como consecuencia de una larga cadena de errores que se dio desde su planeación y diseño, hasta su ejecución y control'.
Indica el ente de control que este valor resulta de un lucro cesante calculado en $1,1 billones y una pérdida del valor del proyecto por valor de $2, 9 billones.
'Entre los 28 imputados figuran 10 miembros de la junta directiva de Hidroituango, 2 gerentes de EPM, 2 gerentes de Hidroituango, 1 gerente de la filial EPM-Ituango, 2 exalcaldes de Medellín y 2 exgobernadores de Antioquia. El resto son contratistas', precisa la información.
De $6 a $13 billones
La primera consecuencia que tuvieron los errores cometidos en el proyecto es que se incumplió el objetivo principal del proyecto, que era generar energía ya contratada y acordada para el año 2018, lo que produjo el lucro cesante señalado ($1,1 billones).
La segunda es que se produjo un desmesurado aumento de los costos de Hidroituango. Inicialmente estaba pactado en $6 billones y, por las fallas e improvisaciones, terminó costando cerca de $13 billones, por la destrucción del valor del proyecto a junio de 2019.
Y la tercera consecuencia es la grave contingencia que en abril de 2018 amenazó con causar una calamidad pública en el área de influencia del proyecto y por la que se tuvieron que invertir recursos en más obras.
Demanda energética
El contralor Carlos Felipe Córdoba advirtió al respecto que 'además de haber millonarios recursos públicos en juego, Hidroituango es uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos que ha desarrollado el país. De este proyecto, depende buena parte de la demanda energética del país'.
De 34 a 28 imputados. Al abrir el proceso de responsabilidad fiscal por estos hechos, la Contraloría General de la República vinculó entonces a 34 presuntos responsables, de los cuales, con la decisión tomada ahora, de forma jurídica y autónoma, por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, 28 fueron imputados.
Indicó la entidad que a los seis restantes se les archivaron las diligencias al no haber incidido de manera determinante en la causación del daño.
Un año de trabajo
El organismo de control fiscal indicó que el proceso fue abierto el 9 de noviembre de 2019, o sea que se tomó un año en llegar a la decisión de imputación, 'como resultado de una exhaustiva y rigurosa investigación por parte de un equipo multidisciplinario de abogados, ingenieros y contadores'.
Este equipo de expertos, con el acompañamiento técnico permanente de la Universidad Nacional, analizó más de 2 teras de información en el marco de un proceso originado en una Actuación Especial de Control Excepcional adelantada en su momento por la Contraloría Delegada de Minas y Energía, atendiendo una solicitud que hiciera en febrero de 2019 la Veeduría Ciudadana Recursos Sagrados.
Desde 1962
La Contraloría indicó que evaluó el proyecto hidroeléctrico Ituango desde cuando comenzó a concebirse en 1962, a planearse en los años 70s, y a desarrollarse a finales de los años 90s.
Otros factores analizados fueron los ajustes accidentados que se dieron a los contratos entre 2010 y 2011, incluyendo la escogencia de EPM para desarrollar el proyecto; los atrasos siguientes que empezó a tener; las consecuencias del mal manejo del cauce del Río Cauca y la contingencia presentada en 2018.
