El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, informó este martes que durante la pandemia los grupos armados ilegales continuaron cometiendo reclutamientos forzados de niñas, niños y adolescentes.
En un trabajo realizado por servidores de la entidad, del 17 de marzo al 30 de septiembre, se tuvo conocimiento de 83 casos, de los cuales 23 fueron reportados por defensores comunitarios; 23 directamente en las oficinas de la Defensoría del Pueblo; seis por ONG; 2 por la Agencia de Naciones Unidas y 29 por otras entidades.
Los departamentos en donde cometieron el ilícito son: 21 en Caquetá; 19 en Cauca; 8 en Putumayo; 7 en Antioquia; 6 en Arauca; 4 en Chocó; 3 en Amazonas y Córdoba, cada uno; 2 en Huila, Meta, Vichada y Nariño (específicamente en Tumaco) y un caso en Bolívar, Boyacá, Cundinamarca y Tolima. De todos los casos, un 80 % ocurrieron en zonas rurales.
Las edades de las víctimas oscilan entre los 8 y los 18 años. De ellos, el 33% son menores de 14 años y un 59% son hombres (49 casos). Además, 20 son indígenas y 2 afrodescendientes.
Respecto a los grupos armados ilegales autores del reclutamiento están facciones de las disidencias las Farc-Ep, con 54 casos (63%); grupos armados del crimen organizado, con 5; grupos posdesmovilización de las Auc, con 5; el Eln, con 6; disidencias Gaor 36, con 2; Autodefensas Gaitanistas de Colombia, con 1, y no se tiene información en 10 casos.
Además del reclutamiento forzado, se establecieron otros delitos de los que son víctimas los menores de edad, como desplazamiento forzado (18 casos); amenazas (16); desapariciones forzadas (3); violencia sexual (2); lesiones personales (2) y otros (16).
'Hacemos un llamado a los grupos armados ilegales para que respeten los derechos humanos de los colombianos y se acabe el flagelo del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes y mucho más cuando sus familias son afectadas por la pandemia en cuanto a su salud y a la falta de recursos económicos', indicó el defensor del Pueblo.
Para la Defensoría, se requiere formular estrategias de generación de ingresos que contribuyan a la satisfacción de necesidades básicas tanto de menores de edad como a sus familiares y/o cuidadores. Así mismo, ampliar la oferta de oportunidades desde la legalidad que les permita generar proyectos de vida posibles y adecuados a sus expectativas, de manera que perciban más y mejores condiciones de protección contra las amenazas de los grupos armados ilegales.
