Ante los estragos generados por el Huracán IOTA, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Procuraduría General de la Nación emitió un comunicado donde señala que ha estado atenta al desarrollo de las fases de atención y estabilización, lideradas por el Gobierno nacional, particularmente por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
'Con el objetivo de lograr una mejor articulación entre el Estado y las comunidades como uno de los pasos neurálgicos en el marco de la atención de la emergencia y la fase de reconstrucción, es importante garantizar la participación efectiva del pueblo Raizal, conocedor de su territorio, con características culturales, económicas y sociales particulares, siendo este un derecho fundamental y principio sobre el cual se basa nuestro Estado Social de Derecho, consignado en la Ley 1523 de 2012', reza la carta que envió el Procurador Fernando Carrillo al presidente Iván Duque.
La carta agrega que 'es necesario proteger la propiedad territorial que tiene el pueblo Raizal. En este mismo sentido, la política nacional para la gestión del riesgo garantiza el principio de diversidad cultural, al reconocer los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, por lo cual es primordial que este proceso de reconstrucción, se caracterice por el reconocimiento de las particularidades culturales del pueblo Raizal.
El Ministerio Público señaló que reconoce el trabajo realizado a la fecha por todas las entidades operativas del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Sin embargo y en forma propositiva, 'insta al gobierno nacional, para que agilice las acciones tendientes a la elaboración del plan de acción especifico, involucrando al Pueblo Raizal en la toma de decisiones, con el fin de garantizar sus derechos y a su vez evitar eventuales traumatismos en la elaboración y ejecución del mismo'
El procurador añade que precisamente para hacer seguimiento a estas obras de recuperación, designaron al Procurador Delegado para la Restitución de Tierras, para velar por la articulación interinstitucional necesaria para coadyuvar a la superación de la emergencia; y estimular y facilitar espacios de diálogo con la población afectada.
