No había pasado una semana de la multicolor caravana que desembarcó con sus vistosos atuendos de minga desde el suroccidente colombiano hasta el pleno corazón de la capital del país, la Plaza de Bolívar, para exigir que no mataran más a sus coterráneos indígenas y que se cumpliera con el acuerdo de paz a cabalidad, cuando las balas zumbaron, impactaron y hundieron las latas del automóvil en que se movilizaba el más representativo parlamentario de la bancada de los pueblos originarios en el Congreso, Feliciano Valencia, del Mais, para ponerle de presente que hay a quienes no les interesa ni cesar la violencia ni seguir con la paz.
Pero como si fuera poco, el mismo día de lo de Valencia se produjo otro atentado en Riohacha, un par de horas más tarde, contra la lideresa wayuu Irama Movil, a quien ya habían intentado matar en octubre del año pasado en la vía a Valledupar.
Tampoco habían pasado muchos días desde que el fin de semana pasado una masacre en San Marcos, Sucre, en que resultaron víctimas cinco personas, dejó un solo sobreviviente y testigo desprotegido, Carlos Valerio, capitán arawak que denunciaba desalojos irregulares de 200 viviendas de campesinos e indígenas.
91 crímenes
Lamentablemente, estos episodios de violencia contra los pueblos originarios no son una excepción, sino que hacen parte de una estadística que se repite con frecuencia en varias latitudes del territorio nacional, al menos desde que arrancó el 2020: de los 246 asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos que registra Indepaz este año, 91 son en contra de líderes indígenas, la mayoría de Cauca y Nariño y algunos del Chocó, Putumayo, Caldas, Antioquia, Valle del Cauca, Caquetá, Bogotá y Norte de Santander.
En el Caribe se han producido este año dos crímenes contra líderes indígenas, ambos en Córdoba: Óscar Domicó, el 4 de junio en Tierralta, y Eduardo Olea, el 22 de septiembre en San José de Uré.
Y desde 2016, según Indepaz, han sido asesinados 269 líderes indígenas, de los cuales 242 fueron luego de la firma del acuerdo de paz y 167 durante este gobierno.
'Varias razones'
El experto en seguridad Néstor Rosanía pone de presente en diálogo con este diario que 'no hay una única razón para que estén matando a los miembros de las comunidades indígenas, sino varias: se han opuesto al tema del cultivo, el procesamiento y el transporte de cocaína por el territorio y eso le ha generado una enemistad con disidencias de las Farc, los paramilitares, con el Clan del Golfo, y en general con los grupos armados que manejan la zona; segundo, porque también son reclamantes de tierras y se enfrentan a los ejércitos antirrestitución; y tercero, porque se han opuesto a proyectos minero-energéticos que afectan a sus comunidades y estos grupos podrían tomar represalias'.
Advierte además el analista que las zonas rojas para los líderes de los pueblos ancestrales son 'Cauca y Nariño, porque allí están los primeros tres eslabones de la cadena de las drogas, están el cultivo, el procesamiento, el control de los laboratorios y el transporte, y todo eso pasa por los territorios indígenas, los indígenas están en la mitad de la cadena logística, y eso ha generado problemas con las disidencias'.
Y frente al atentado contra el senador Valencia, señala que 'el liderazgo en la oposición a los grupos armados se la están cobrando las disidencias'.
El 35% de asesinatos
El director de Indepaz, Camilo González, explica en entrevista con este medio que 'el asesinato de líderes y lideresas de grupos étnicos en Colombia representan cerca del 30 o 35% del total de asesinato de líderes desde la firma de los acuerdos. Esto es supremamente desafortunado e indica que hay una especial desprotección y un ataque dirigido de manera particular contra estas comunidades que son distintas, que son ancestrales, originarias, y deben merecer todo el respeto como indica la Constitución y la ley'.
Coincide el exministro en que en el Cauca y Nariño está el 90% de la agresividad contra esas comunidades, 'porque están muy organizados controlando el territorio, oponiéndose a grupos armados, oponiéndose a traficantes de armas y a todo tipo de delincuentes y sobre todo defendiendo sus territorios ancestrales, y eso los hace blanco de todo tipo de violencias'.
Y critica González lo que sucedió en la minga: 'Eso muestra que el Gobierno tiene una política de desprecio a las demandas de los indígenas, los han calificado de todo tipo de improperios, (...) es una política racista, discriminatoria, un discurso de estigmatización y de odio; y eso hace que las políticas de protección, de seguridad, no se traten verdaderamente con las autoridades indígenas, y de esta manera se omiten acciones y se permite una agresividad mayor de grupos criminales que atentan contra esas comunidades'.
