El recrudecimiento de la violencia en Colombia, cuatro años después de haberse firmado el acuerdo de paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC, tiene efectos crónicos en la salud de poblaciones excluidas de la atención médica por los enfrentamientos entre grupos armados.
Esa es la conclusión a la que llegó un estudio de la ONG Médicos sin Fronteras (MSF) publicado este miércoles.
'Desde hace algunos meses en varias regiones de Colombia la violencia ha alcanzado cumbres que recuerdan las peores épocas del conflicto armado en el país', subrayó la ONG al señalar que los impactos directos de la violencia se ven agravados en las comunidades más vulnerables por la falta de acceso a servicios de salud.
MSF explicó que contrario a lo que se esperaba tras el acuerdo de paz firmado en 2016, desde 2017 varias poblaciones están nuevamente asediadas por amenazas, asesinatos, masacres, desplazamientos y confinamientos producto de las disputas entre diferentes grupos armados.
Sobre las restricciones para mitigar la pandemia del coronavirus, el estudio señaló que el único 'relativo respiro para la población durante estos tres últimos años fue durante los primeros meses' de la emergencia sanitaria, sin embargo advirtió que hoy 'la violencia ha alcanzado de nuevo picos de intensidad muy altos'.
Los equipos en terreno de MSF encontraron que los constantes enfrentamientos entre bandas criminales y la sensación de riesgo permanente impiden que las personas puedan sentirse seguras.
'Esta situación genera un alto nivel de estrés, preocupación y miedo, que derivan en diagnósticos de ansiedad y depresión. La continuidad del conflicto impide tener un proyecto de vida, debido a la falta de seguridad en sus lugares de origen', subrayó la información.
Situación en Nariño y norte de Santander
Estas condiciones derivan en un 'sufrimiento emocional' constante, especialmente en las poblaciones de los convulsos departamentos de Nariño y Norte de Santander, fronterizos con Ecuador y con Venezuela, respectivamente.
Por ejemplo, este año las comunidades del municipio nariñense de Magüi Payán, han tenido que desplazarse siete veces por los enfrentamientos de las bandas que se disputan el control territorial.
'También en Nariño, a inicios de octubre, los equipos de MSF visitaron algunas comunidades aledañas al río Patía y encontraron que todos los habitantes de la vereda (aldea) San Luis se encontraban desplazados en otras veredas y otros municipios', explicó la organización.
En cuanto a Norte de Santander, MSF documentó que en julio cerca de 800 personas tuvieron que refugiarse en tres escuelas después de la masacre de ocho ciudadanos en la aldea Totumito.
'Dentro del grupo de desplazados había colombianos, venezolanos e indígenas wayuú. Estas personas estuvieron 18 días desplazadas antes de comenzar a regresar a cuentagotas a sus veredas (aldeas)', detalló MSF sobre las poblaciones a las que ofreció atención en urgencias, salud primaria y mental.
Los equipos también documentaron que los principales problemas de salud física que sufrieron las comunidades desplazadas y confinadas son afecciones gastrointestinales y de piel, relacionadas con la falta de suministro de agua y saneamiento.
'En la mayoría de los casos los pacientes atendidos reportaron no haber tenido acceso a servicios médicos por largos períodos, lo cual es especialmente grave en casos de personas con enfermedades crónicas y trastornos mentales que no han recibido el tratamiento adecuado', explicó MSF.
La ONG concluyó que la ausencia de respuesta de las instituciones es crónica, sumado a la falta de personal capacitado, por lo que recibir atención médica se convierte en un imposible para las poblaciones.
