De acuerdo con un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz, la Covid-19 ha recrudecido el escenario de violencia e inseguridad en cuatro zonas específicas: el Catatumbo, el sur de Córdoba, Bajo Cauca y nordeste antioqueño.
'La convergencia entre el alto nivel de vulnerabilidad causado por la persistencia de la confrontación armada, la debilidad institucional y la crisis sanitaria están generando grandes impactos que, de no ser gestionados adecuadamente, podrían comprometer seriamente la construcción de paz', advirtió la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
A pesar de las peculiaridades de cada territorio, el informe detalla tres aspectos que padecen las cuatros zonas señaladas.
El primero es el recrudecimiento de la violencia debido a que las diferentes facciones armadas ilegales 'están aprovechando la emergencia sanitaria para reacomodarse y ampliar su influencia'.
El segundo es la agudización de los rezagos en la implementación de los PDET, del PNIS y de la ruta de reincorporación colectiva y, el tercero, son los efectos colateraciones relacionados a la educación, el empleo y la migración.
En cuanto a la Región Caribe, Córdoba es el departamento más afectado.
La FIP señala que en el sur de Córdoba, en medio de las medidas de aislamiento preventivo y de restricciones a la movilidad impuestas por el Gobierno nacional y los gobiernos municipales, el Clan del Golfo, los Caparrapos y la llamada disidencia del Frente 18 de las antiguas Farc han mantenido y aumentado su actividad armada por medio de asesinatos, masacres, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores e intimidaciones.
'Ejemplos recientes son el intento de asesinato y posterior desplazamiento de un conductor de transporte Público en Montelíbano por incumplir las ordenes impuestas para evitar el contagio; las dos masacres, ocurridas entre el 27 y 29 de julio en zona rural del municipio de San José de Uré, en las que fueron asesinadas seis personas y se ordenó el desplazamiento de 67 familias, quienes se enfrentan al doble riesgo de ser amenazadas y de exponerse a posibles contagios con la Covid-19; y el asesinato de dos miembros de una reconocida asociación campesina', enumera el informe de la FIP titulado ‘Los graves impactos de la Covid-19 en la seguridad y la implementación del Acuerdo de Paz’.
Así mismo, programas como el PNIS no avanza de la mejor manera y ante la disminución del personal dispuesto para la asistencia técnica por la cuarentena, la FIP refiere que la entrega de recurso se ha relentilizado.
En el sur de Córdoba, precisa el informe, las 5.538 familias adscritas al PNIS 'siguen esperando la implementación de proyectos productivos luego de haber cumplido con la erradicación de cerca de 2.900 hectáreas como parte de lo acordado'.
En Montelíbano, San José de Uré y Puerto Libertador no se ha completado aún la totalidad del componente de seguridad alimentaria, según se lee en el informe, así como tampoco se está desarrollando ningún proyecto con planes de inversión.
'En opinión de algunos líderes sociales de la subregión, el programa se ha limitado a la erradicación voluntaria, pero no se ha traducido aún en oportunidades económicas alternativas: no se pueden comercializar los productos, y así es muy difícil mantenerse en la legalidad', refiere la FIP.
