La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra los entonces representante legal de Electricaribe , José García Sanleandro (2012-2016), y el director de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía, Rogerio Ramírez Reyes (2014-2016), por presuntas omisiones en el manejo de recursos públicos por valor de $211.227’488.393.
El ente de control cuestionó a García Sanleandro y a Ramírez Reyes la posible falta de seguimiento, control y vigilancia de cinco convenios que incluían la administración y disposición de recursos provenientes del Faer (Fondo de Apoyo Financiero para la energización de las Zonas Rurales Interconectadas) y del Prone (Programa de Normalización de Redes Eléctricas), lo que podría haber conllevado a un eventual detrimento por $45.769’264.420.
Según las investigaciones, se habría generado un uso indebido de recursos de inversión social, por la posible falta de culminación de 29 proyectos contemplados en los convenios Faer y Prone, que tenían por objeto asegurar la prestación eficiente de energía, ampliar la cobertura y satisfacer la demanda de este servicio público en la Región Caribe.
Con esta supuesta actuación, García Sanleandro podría haber desconocido el ordenamiento jurídico que regulaba sus deberes como administrador, la actividad contractual estatal y la debida administración de las rentas públicas entregadas a la empresa que representaba, para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado colombiano.
En cuanto al exdirector de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas, Ramírez Reyes, la Procuraduría señaló que pudo haber omitido sus deberes como supervisor de los cinco contratos Faer y Prone, consistentes en informar al Minminas las circunstancias que pudieron poner en riego el cumplimento de los negocios jurídicos bajo su responsabilidad (Numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002).
