El proceso disciplinario por el que es investigado el senador Eduardo Pulgar podría dar un giro, luego de que su defensa, el abogado Jaime Granados, trajera a colación la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Gustavo Petro.
Si bien, en estos momentos, hay un a disputa por el ente disciplinario que es competente para llevar el caso del senador; igual la defensa pedirá que sea aplicado el artículo 23.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
'Tal como fue interpretado en el caso de Leopoldo López, en Venezuela, con sentencia del 1 de septiembre de 2011 y en el caso Petro, con sentencia del 8 de julio de 2020, una autoridad administrativa no puede tomar decisiones de carácter sancionatorio o disciplinario que involucre la pérdida de la dignidad o investidura. Eso está reservado a una autoridad judicial', indicó Granados.
En primer lugar, la defensa de Pulgar solicitó que fuese resuelto el conflicto de competencias en el marco del roceso disciplinario. Puesto que tanto la Comisión Ética, a la que pertenece el congresista, como la Procuraduría inniciaron investigaciones por el mismo hecho.
Al senador se le investiga por el presunto ofrecimiento de $200 millones al entonces juez Promiscuo Municipal de Usiacurí, Atlántico, Andrés Fernando Rodríguez Cáez, a cambio de una decisión en favor de un tercero.
En este sentido, la Procuraduría General rechazó los argumentos del investigado, que afirmó que por estos mismos hechos la comisión le adelanta una investigación; así como los de su defensa, que adujo falta de competencia del Ministerio Púbico para disciplinar a funcionarios de elección popular.
El ente de control, al resolver las peticiones de Pulgar Daza y su apoderado, precisó que para casos de corrupción la única competente para investigar y sancionar a congresistas es la Procuraduría General de la Nación, como lo establecen los tratados internacionales de lucha contra la corrupción, y recientes fallos del Consejo de Estado.
Pese a lo anterior, el abogado Granados precisó que el Ministerio Público enviará el caso al Consejo de Estado para que dentro de los 20 días siguientes defina si la competencia la tiene el Comité de Ética o la Procuraduría.
Sin embargo, anotó, una vez resuelto este conflicto, pondrán de presente el fallo de la Corte IDH sobre las sanciones disciplinarias a elegidos a cargos públicos por voto popular.
'Aunque la Corte dio un plazo de un año a Colombia para presentar un proyecto de ley encaminado en este sentido, no significa que el senador deje de tener ese derecho. (…) No pueden haber ciudadanos de primera y segunda categoría en Colombia, todos son iguales ante la Convención Interamericana de Derechos', explicó Granados.
En cuanto al proceso penal, el senador está citado por la Corte Suprema de Justicia a responder a una indagatoria el próximo 26 de octubre. Su defensa consideró que el caso, en manos del magistrado Marco Antonio Rueda, ha avanzado de manera diligente y a gran velocidad.
Fiscalía investiga a excónsul Luis Acosta
El excónsul honorario de Polonia Luis Fernando Acosta Osío es investigado por la Fiscalía delegada 376, adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, ya que aparece mencionado en varios casos.
El más reciente está relacionado con el caso de las $200 millones por el que también es investigado Pulgar. Es investigado por el delito de cohecho por dar u ofrecer, dado que el ofrecimiento de Pulgar a un juez de Usiacurí habría sido, según denuncias del periodista Daniel Coronell, para que tomara unas decisiones judiciales en favor de Acosta Osío.
Al excónsul también se le vincula a un caso de presunta corrupción judicial, en el proceso que se le adelanta a Jorge Eliécer Mola, magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla, que es acusado por la Fiscalía de conceder irregularmente varios recursos para favorecer al excónsul y sus primos en la pugna por la millonaria herencia del excongresista Gabriel Acosta Bendek y su esposa, Sofía Acero de Acosta.
