En el último informe de Transparencia Internacional denominado 'Exportando Corrupción 2020', el organismo destaca el avance de Colombia en el freno al soborno transnacional en la evaluación de 2019 frente al 2018.
Señala el análisis que 'Colombia pasó de la categoría 'cumplimiento escaso o nulo' a la 'categoría de cumplimiento limitado', pero aún debe realizar mayores esfuerzos en su lucha contra el soborno transnacional'.
Este informe que incluye la muestra de 47 países que suman el 83% de las exportaciones mundiales, señala que solamente Estados Unidos, Reino Unido, Israel y Suiza -que representan el 16,5% de las exportaciones mundiales- aplican activamente legislación contra el soborno extranjero. Nueve países hacen parte de la clasificación de aplicación moderada, mientras que 15 hacen parte de la clasificación de implementación limitada, y 19 de aplicación nula.
Indica el reporte que 'en esta evaluación Colombia -que representa el 0,2% de las exportaciones globales- pasó del nivel de implementación 'nula' al nivel de implementación 'limitada'. Este avance fue posible gracias a desarrollos legislativos recientes, al fortalecimiento de capacidades de instituciones estales encargadas de prevenir y sancionar este delito, y a esfuerzos por divulgar y sensibilizar diversos actores en materia de soborno transnacional'.
Pero a pesar de estos avances, Transparencia Internacional, advierte que 'se requieren mayores esfuerzos para alcanzar un nivel de implementación moderada o activa, especialmente respecto a lograr un mayor número de casos que sean sancionados de manera efectiva y ejemplar'.
El director ejecutivo de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, afirma que 'las debilidades aun identificadas ponen en riesgo la efectividad de los avances logrados en los últimos años. De nada sirven los avances legislativos si no prevenimos que los hechos ocurran y no logramos sanciones contundentes contra el soborno transnacional', afirmó Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia.
Explica el informe que entre los hechos recientes del país en esta lucha, 'están los avances a nivel normativo que complementan la ley 1778 de 2016 sobre responsabilidad de personas jurídicas por actos de corrupción transnacional: la ley 2014 de 2019 que incorporó la inhabilidad para contratar con el Estado para personas jurídicas condenadas por cohecho extranjero; y nuevas disposiciones de regulación de conflictos de interés de funcionarios públicos, especialmente la ley 2013 de 2019'.
Remate su informe Transparencia al señalar que 'a pesar de los esfuerzos realizados por Colombia entre 2018 y 2020, el país aún debe incorporar mecanismos efectivos de protección integral a reportantes y denunciantes de corrupción, tanto en el ámbito público como privado. Esta recomendación fue formulada en 2018 y a pesar de algunos esfuerzos realizados por parte del Gobierno y del Congreso desde entonces, el marco institucional y legislativo nacional sobre denuncia y protección al denunciante sigue siendo muy escaso'.
