El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, dijo este domingo que a finales de septiembre regresaría deportado al país el exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.
Esto luego de haber pagado 12 años de cárcel en los EE. UU. por delitos de narcotráfico.
Indicó el funcionario que el sábado pasado quedó libre el excomandante del Bloque Norte de las AUC, que ahora permanece en una cárcel de migración en Pensilvania, que el 21 de septiembre será remitido a otro centro de detención migratorio en Luisiana y de allí partiría a Colombia la última semana de septiembre.
La deportación. Ceballos confirmó que el pasado 2 de septiembre el Gobierno solicitó la deportación de Tovar ante el país norteamericano, 'como resultado de una acción articulada entre el Ministerio de Justicia, la Cancillería y la Presidencia, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz'.
Jorge 40 deberá responder en Colombia, reportó, por 34 órdenes de captura, 38 medidas de aseguramiento y 1.486 investigaciones en su contra.
Frente a los trámites de deportación al país, también desde suelo estadounidense, del exjefe de las Autodefensas, Salvatore Mancuso, el funcionario afirmó que se está a la espera de la resolución de una serie de recursos que ha presentado su defensa y que solicitan, fundamentalmente, que sea deportado a Italia.
'Sin esperanza'
Yolanda Galvis y su esposo Javier de la Cruz fueron víctimas de Jorge 40 en la masacre de Nueva Venecia, Ciénaga Grande de Santa Marta, Magdalena, ocurrida en noviembre del año 2000.
Ellos –que vieron morir a dos primos– huyeron a Barranquilla con sus tres hijos (hoy tienen cuatro), en donde en las calles vendieron agua y pasteles para sobrevivir.
Luego de tres años regresaron al pueblo, con temor pero 'con la fe puesta enDios'.
Al conocer que el gestor de su dolor y de más de 40 familias queda libre, Yolanda dijo a EL HERALDO que 'no les importa' porque 'ni un vaso con agua nos han dado en 20 años'.
'El mal que este hombre nos hizo le debe retumbar en su conciencia y seguramente no ha dormido tranquilo', precisó.
'Que diga la verdad'
Más que los años de prisión que pueda pagar en Colombia Tovar, para las víctimas en el Cesar lo importante es que diga la verdad.
Algemiro Quiroz Churio, presidente del Consejo Comunitario Los Cardonales, del corregimiento de Guacoche, al norte de Valledupar, comunidad golpeada por la violencia paramilitar, señaló que 'con la verdad se hace justicia'.
Ante la expectativa que existe de que regrese a Colombia, sostuvo: 'De qué nos sirve que pague tantos años de cárcel si no conocemos la verdad. Nosotros como comunidad apoyamos el proceso de paz, y lo que queremos es que él venga y cuente lo que pasó, yo creo que eso nos da más tranquilidad, y ayuda a que la historia de violencia no se repita en este país'.
Así mismo, han pasado 20 años desde la desaparición de siete agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, a manos de grupos paramilitares en el norte del Cesar, y a pesar del tiempo aún no se han esclarecido los hechos.
Edinson Ibarra, hermano del investigador judicial Carlos Ibarra, víctima en esos hechos atribuidos a Tovar Pupo, dijo a EL HERALDO: 'Para nosotros han sido 20 años de sacrificio e impotencia de no saber dónde están enterrados los cuerpos'.
