La decisión fue comunicada por la Contraloría, por diferentes irregularidades en un proyecto para generar mejores condiciones de empleos pesqueros.
El exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, deberá responder por el desvió de 10.700 millones de pesos, así lo comunicó la Contraloría General a causa de las diferentes irregularidades que se dieron en el orden y ejecución del proyecto 'Investigación en recursos hidrobiológicos del Caribe Colombiano'.
Con el proyecto se buscaba generar mejores condiciones de empleo para la comunidad pesquera artesanal de Córdoba.
Según comunicó la Contraloría, desde la planeación de este proyecto se fijaron condiciones abiertas y premeditadamente desfavorables a los intereses del departamento de Córdoba con el fin de lograr el desvío de los recursos derivados del Sistema General de Regalías, apropiarse de los mismos y satisfacer los intereses particulares de servidores públicos y de terceros.
'Se pudo constatar que se contrataron y subcontrataron personas jurídicas carentes de toda idoneidad para el desarrollo de un proyecto de investigación de esa naturaleza. Además, esto se hizo sin que mediaran las garantías de cumplimiento suficientes y mediante la transferencia de casi la totalidad de los recursos a través de la modalidad de anticipo lo cual facilitó el desvío de los recursos públicos y el consecuente incumplimiento de los objetivos del proyecto', marca la Contraloría en un comunicado.
Este proceso de responsabilidad fiscal tiene su origen en los resultados de una Actuación Especial de Fiscalización que adelantó en el año 2016 la Contraloría General de la República en Córdoba y donde halló que allí se habrían desperdiciado millonarios recursos de regalías destinados a proyectos de ciencia, tecnología e innovación.
'Tal situación se dio a través de convenios especiales de cooperación, en los cuales los cooperantes, entre ellos la Fundación George Dahl, subcontrataron la mayoría de actividades con la Corporación Centro de Investigación y Enseñanza Agroecológica (Ceniagroecológico), fundada 6 meses antes de iniciar los proyectos y liquidada 7 meses después, dejando una estela de incumplimientos y dineros perdidos', afirma la Contraloría.
'Además de subcontratar las tareas que debían adelantar, los cooperantes se quedaron con parte de los recursos que les giró la Gobernación del Departamento de Córdoba, hecho que dio lugar a la mayoría de hallazgos fiscales detectados en esa Actuación Especial de la CGR', se añade en el oficio.
