La barranquillera Margarita Cabello Blanco fue elegida en la tarde de este jueves como nueva Procuradora General de la Nación. La exministra de Justicia y expresidenta de la Corte Suprema de Justicia recibió el apoyo de 83 senadores del total de 100 votos durante la plenaria del senado.
A partir de enero de 2021, la abogada especialista en Derecho de familia y en Derecho Procesal Civil, ejercerá sus funciones como Procuradora General de la Nación, ante lo cual le esperan grandes retos, de acuerdo con expertos.
Para el abogado penalista Iván Cancino, el organismo de control tiene varios retos de cara a la historia elección de la primera mujer procuradora.
'El primero, tener un rol en el proceso penal que se adecúe a la defensa de las garantías de los procesados en las etapas iniciales, de reafirmar el derecho a la libertad y dignidad, y dejar de ser utilizado como un fiscal de apoyo, prácticamente que es lo que sucede hoy con la mayoría de los procuradores de cara a las demás instancias'.
Señala el jurista que en cuanto a la función disciplinaria, es mirar muy bien la decisión de la Corte Interamericana, coordinarla con una reforma legislativa que le permita seguir teniendo esa función, pero sin invadir la esfera los cargos de elección popular, y sin perder el control que tiene'.
Como tercer reto, indica el abogado Cancino, es el de ejercer una defensa de los derechos humanos y derechos fundamentales, con el ejercicio de las demás Procuradurías, y como cuarto reto, agrega, 'que la conciliación se vuelva una meta, que no sea solamente el ejercicio de un ejercicio de un requisito por cumplir, sino que realmente se logren concluir muchos procesos que lleguen a la procuraduría, así que el reto es también lograr buenos conciliadores', explicó el experto en derecho penal.
'Un reto histórico'
En concepto del también abogado penalista y miembro del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Óscar Sierra Fajardo, la Procuraduría General de la Nación enfrenta un reto histórico que consiste en ajustar sus procesos disciplinarios a los estándares brindados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, actuación que señala el abogado penalista, deberá encabezar la nueva procuradora, 'porque de no hacerlo implicaría sanciones muy onerosas contra el patrimonio de la Nación'.
'Esto sin dejar de lado su responsabilidad de continuar ejerciendo el control de los funcionarios públicos para que sus actuaciones sean trasparentes y acordes a su mandato en condición de tales, de servir al país y no a sus propios intereses', dice el abogado Óscar Sierra Fajardo.
Para el jurista, la Procuraduría debe continuar siendo la voz visible de sectores olvidados, garantizar los derechos humanos en las regiones más golpeadas por la violencia o la corrupción, así como apoyar a las comunidades indígenas y a la población privada de la libertad frente a las condiciones de hacinamiento y violación reiterada de los derechos humanos.
'Finalmente, la participación del Ministerio Público en el proceso penal, además de ser bastante cuestionable por la teórica igual de armas, debería orientarse por el principio de autonomía e imparcialidad, y no que se mezclen indebidamente los roles con la Fiscalía General de la Nación', concluyó el experto.
