El exfiscal Luis Eduardo Montealegre anunció este martes una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia en contra del expresidente y exgobernador Álvaro Uribe, 'por los delitos de lesa humanidad cometidos en las poblaciones de El Aro y La Granja, en 1996 y 1997'.
Para el exfiscal y su exvicefiscal Jorge Perdomo, quien acompaña la denuncia, el exmandatario de Antioquia en la segunda parte de los noventas habría cometido los punibles de homicidio en persona protegida, lesiones, actos de terrorismo, desaparición forzada, tortura y desplazamiento forzado.
Montealegre se basa en '20 ejes' para la denuncia de casi un centenar de páginas, entre los cuales señala que 'a pesar de que Uribe conocía que estas poblaciones estaban bajo riesgo de ataque, no tomó las medidas necesarias y efectivas, para evitar las atrocidades que allí ocurrieron'.
Así mismo, pone de presente que 'en repetidas ocasiones' el reconocido defensor de derechos humanos, Jesús María Valle, le advirtió al exmandatario 'sobre el riesgo e inminencia del ataque paramilitar en la zona de Ituango, y le solicitó protección urgente'.
Advierte además que no por el simple hecho de haber ocupado el cargo de gobernador se le imputan estos crímenes sino que 'su responsabilidad se deriva del conocimiento previo que tenía del riesgo y de su renuncia a tomar medidas realmente efectivas'.
Agrega el documento que la comisión convocada por el exgobernador 'se limitó a verificar los hechos denunciados, pero no ejecutó acciones reales y eficientes' en favor de la población de Ituango.
Al expresidente, indica, no se le acusa de haber contribuido material o intelectualmente en la ejecución de los hechos ni determinador de los mismos: 'Lo que se le imputa, es el incumplimiento de sus deberes de protección, como garante de los habitantes de Ituango'.
Pone de presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por encontrarla responsable de las masacres de Ituango. El órgano judicial comprobó, dice, 'que las autoridades del Departamento tenían pleno conocimiento sobre el riesgo de una incursión paramilitar en el territorio. (...) También, la Corte Interamericana le exigió al Estado colombiano investigar y judicializar los responsables de las violaciones cometidas'.
Da el ejemplo el exfiscal del caso de Mapiripán, en el que la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia concluyeron que 'cuando un servidor público incumple con sus deberes de protección a la población civil, debe responder penalmente, como autor, por los hechos de los paramilitares'.
Afirma Montealegre que toda la estructura y análisis de la denuncia contra Uribe tiene tres pruebas: las advertencias que, en su momento, realizó el defensor de derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo, sobre la inminencia de las masacres; la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Masacres de Ituango vs. Colombia, donde se probó la omisión del Estado y un análisis de contexto que muestra 'las vinculaciones de la familia Uribe Vélez con sectores del narcotráfico en Antioquia; la obstaculización permanente a las investigaciones, y, la vinculación de Uribe Vélez, y su entorno, con el paramilitarismo'.
Y sentencia al respecto que 'Uribe fue la culminación del proyecto paramilitar en Colombia'.
También cita debates de Iván Cepeda y Gustavo Petro, artículos periodísticos de Daniel Coronell y 'Noticias Uno': 'Lo que hacemos, es darle una nueva lectura a lo existente, haciendo una reconstrucción de lo que se ha dicho en múltipes escenarios'.
De igual forma, recuerda la decisión de la Sala Especial de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, que compulsó copias para que se investigara a Uribe, al evidenciar que 'la Gobernación de Antioquia estaba informada de lo que sucedía en El Aro'.
'En el documento se expone cómo la habilitación de las Convivir pudo disfrazar un proyecto paramilitar y violador a los derechos humanos. Uribe engañó al país, a la Corte Constitucional y a la Procuraduria de la época, que dieron luz verde a la posibilidad de estas organizaciones, al ocultarles el verdadero propósito: disfrazar el paramilitarismo a través de asociaciones aparentemente lícitas', se lee.
Agrega el exfiscal que la denuncia pone en evidencia el modus operandi del líder del Centro Democrático, 'orientado a obstaculizar la justicia y a impedir que se conozca la verdad. Coincidencialmente, encontramos testigos manipulados, amenazados y muertos'.
Sostiene que a la luz del derecho nacional e internacional, existen bases teóricas suficientes para afirmar que la Corte Suprema de Justicia 'no pierde competencia para conocer los delitos de lesa humanidad, ni tampoco de los delitos comunes conexos -fraude procesal y soborno en actuación penal- por los que actualmente se le cuestiona', y añade que la 'ruptura del contexto en esta investigación implicaría una violación al derecho internacional de los derechos humanos'.
Pide Montealegre que se use la metodología de investigación en contexto para aclarar 'los vínculos de la familia Uribe Vélez con el narcotráfico; los cuestionamientos sobre el helicóptero de la familia, que terminó en Tranquilandia; la venta de la finca Guacharacas, a personas con graves imputaciones, sobre actividades al margen de la ley; las licencias otorgadas a narcotraficantes, expedidas por Uribe como director de la Aerocivil; la toma del Congreso por los paramilitares en la época de su mandato; las relaciones incestuosas entre el DAS y el paramilitarismo, y la dudosa fortuna de los Uribe Vélez y su entorno familiar, entre otros'.
Y solicita finalmente constatar probatoriamente 'los vínculos de la familia Uribe Vélez y parte de su entorno, con organizaciones del narcotráfico y grupos al margen de la ley. No podemos olvidar que, el padre de Uribe Vélez, era un caballista muy cercano al cartel de Medellín. ¿Heredó Álvaro Uribe Vélez, un patrimonio proveniente de negocios con personas vinculadas al narcotráfico? Esta prueba es fundamental, para la construcción del contexto; el paramilitarismo surgió de una alianza de terratenientes con el narcotráfico'.
