La Corte Suprema de Justicia citó a versión libre el próximo 16 de septiembre al expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez por la masacre de El Aro, perpetrada cuando el líder del Centro Democrático, en casa por cárcel por presunta manipulación de testigos, era gobernador de Antioquia.
Al respecto, Jaime Granados, defensor del exmandatario, le confirmó a EL HERALDO que el alto tribunal citó a su cliente 'a pesar de haber perdido competencia, porque claramente sobre estos hechos no puede tener bajo ningún punto de vista de vista la Corte competencia. Estamos hablando de sucesos del 96 al 98, cuando era gobernador de Antioquia y luego estuvo en Londres estudiando en Oxford. Todo eso antes de ser presidente'.
Agregó el penalista en este sentido que 'el fuero por atracción que maneja la Corte sobre los congresistas desaparece conforme al artículo 235 y solo se mantienen aquellos actos relacionados con las funciones desempeñadas como congresista y obviamente nada de esto que ocurrió 16 años antes de ser senador puede enfocarse acá'.
Para el defensor, 'esta es una demostración más del proceder arbitrario con que se ha venido conduciendo desafortunadamente la Sala de Instrucción'.
Así mismo, en un comunicado la oficina de Granados pidió que con ocasión al cese en el ejercicio de sus funciones como senador, los otros casos que venía adelantando la Sala de Instrucción de la Corte, entre ellos la investigación relacionada con la masacre del Aro, 'debe pasar al conocimiento de la Fiscalía'.
'Consideramos que el proceso debe regresar a la Fiscalía en donde se venía adelantando la investigación hasta antes del año 2014, fecha en la cual, en razón de la posesión de Álvaro Uribe Vélez cómo Senador, se remitió a la Corte Suprema de Justicia', se lee.
Finalmente, para la defensa es una 'sorpresa' el hecho de que 'el pasado 19 de agosto, fecha en la cual ya era de público conocimiento la renuncia de Álvaro Uribe Vélez como congresista, la Sala de Instrucción nos comunicó un auto, del 14 de agosto, en donde decide dar impulso procesal a dicha actuación'.
No obstante, una fuente allegada al litigio ante la Corte Suprema le dijo a este diario que el alto tribunal llama al exjefe de Estado porque 'si los hechos ocurrieron cuando fue gobernador y existe algún vínculo de la masacre con ese cargo, ya sea por acción o por omisión, ese fuero lo conserva aunque ya no sea gobernador y la Corte tiene la competencia'.
Agrega la fuente que 'los gobernadores tienen fuero constitucional, los investiga la Fiscalía y luego si los acusan van a juicio en la Corte, pero para la época de los hechos existía el antiguo Código de Procedimiento Penal, donde se adelantaba la instrucción y juzgamiento por parte de la Corte, por eso la Corte lo llama a versión libre'.
Al respecto de la masacre de El Aro, Uribe Vélez, el 8 de octubre de 2019, tras el llamado a indagatoria por la presunta manipulación de testigos que lo señalaban de supuestos nexos con paramilitares, dijo a la opinión pública: 'Dijo el testigo que yo había ido con un general que habían asesinado nueve meses antes, una fantasía'.
En mayo de 2018 el máximo tribunal de la justicia ordinaria del país declaró como crímenes de lesa humanidad los cometidos en las masacres de El Aro, San Roque y La Granja, y el perpetrado contra el defensor de DD.HH., Jesús María Valle, por denunciar que la Gobernación de Antioquia, a finales de los noventas, bajo el mando de Uribe, omitió sus deberes en torno a estas matanzas.
Agrega el documento que 'dicho asunto, no está de más anotarlo, inició con ocasión de la denuncia del señor Jesús María Valle Jaramillo (QEPD) por las presuntas omisiones de la Gobernación de Antioquia en la masacre del corregimiento La Granja en 1996 y posteriormente, con ocasión de la denuncia presentada por el doctor Iván Cepeda Castro y las entrevistas tomadas a Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve'.
El proceso preliminar contra el expresidente es por el delito de concierto para delinquir por la presunta promoción de grupos armados ilegales de extrema derecha.
La masacre de El Aro fue perpetrada en octubre de 1997, cuando Valle era profesor y activista, y luego fuera asesinado por paramilitares en febrero de 1998.
Cepeda, en el famoso debate de control político en la plenaria del Senado en 2014, advirtió: 'La masacre de El Aro fue perpetrada entre el 17 y 23 de octubre de 1997, sin que ninguna autoridad se hiciera presente. El paramilitar Francisco Villalba vinculó a Álvaro Uribe Vélez con la masacre ante la Fiscalía, en febrero del 2008, y lo ratificó ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en noviembre del mismo año. Posteriormente, la Presidencia dio a conocer una supuesta carta firmada por Villalba en la que se retractaba de las acusaciones contra el presidente. Villalba desmintió que hubiera escrito la misma y un análisis grafológico dictaminó que no fue escrita por él. Villalba fue asesinado estando condenado a 33 años de cárcel'.
Así mismo, puso de presente el senador del Polo que en una sentencia de la Corte IDH sobre la 'conducta omisiva de la Gobernación de Antioquia frente a la masacre de El Aro', que 'en un aparte, dice que dos meses antes de la toma, la Junta de Acción Comunal de El Aro le pidió protección a la Gobernación, la cual no fue otorgada'.
