La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por la suma de $12.243 millones de pesos contra dos directivos en su momento de Bioenergy S.A., empresa filial de Ecopetrol actualmente en trámite de liquidación.
Se trata de Aleck Remberto Santamaría, quien fue gerente de la empresa, y Rosa Catalina Santos, suplente de gerencia de Bioenergy. La imputación también recae sobre la firma Tipiel S.A. por suscribir contratos para realizar actividades que previamente habían sido recibidas a satisfacción a ISOLUX, empresa a la que inicialmente se le contrató la construcción de la planta de etanol situada en Puerto López (Meta). El delito que se señala es la pérdida de recursos públicos con ocasión de la celebración de los contratos celebrados entre el 1 de septiembre de 2014 y el 1 de octubre de 2014
El ambicioso proyecto terminó convertido en uno de los elefantes blancos y desastres financieros más grandes de que se tenga noticia en el país; y este martes la Contraloría adelantó procesos de responsabilidad fiscal por una suma total que bien puede acercarse al billón de pesos, recursos públicos que buscan resarcir.
Bioenergy pagó a Tipiel por actividades que ya había ejecutado Isolux
La empresa justificó la suscripción de los contratos con Tipiel argumentando que esta la había acompañado en el proceso de interventoría del contrato suscrito con ISOLUX, y que, en el desarrollo de sus funciones de apoyo de la interventoría, evidenció inconsistencias en la ingeniería de detalle entregado.
Sin embargo, según las actas y avances del contrato firmado por las tres compañías, se evidenciaron pagos avalados por Tipiel por el 93,7% de avance de la ingeniería, es decir que, la contratación se celebró, no obstante haber sido ejecutadas estas actividades por Isolux y recibidas a satisfacción por Bioenergy.
Para la Contraloría, no es de recibo que se diga que no se ejecutó por parte de Isolux el 93,70% de la ingeniería, y que por esta razón debió nuevamente contratarse el mismo objeto, cuando previamente la misma firma Tipiel le había dado su aval con la aprobación de Bioenergy, por lo que no se debieron invertir recursos en una labor que ya había sido certificada como cumplida.
