Jaime Granados, abogado defensor del expresidente y senador Álvaro Uribe, anunció este martes en un comunicado que debido a que se le 'violaron' al exmandatario 'seis principios y derechos jurídicos', no interpondrá recurso de reposición a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dictar medida de aseguramiento de detención domiciliaria contra su cliente.
Dice el abogado que tras haber estudiado la providencia contra el líder del Centro Democrático por presunta manipulación de testigos a su favor y en contra del senador Iván Cepeda, del Polo, 'no existe ningún fundamento legal para ordenar la detención del expresidente'.
En el documento con la fuerte respuesta, califica además la decisión como 'infundada y sin precedentes en la justicia del país' y afirma que se la han violado al exmandatario, señalado por exparamilitares como promotor del Bloque Metro de las AUC, seis principios y derechos jurídicos.
El primero es el de la presunción de inocencia, sobre el que señala que ordenar la casa por cárcel para Uribe 'viola el legítimo derecho de Álvaro Uribe de asumir su defensa en libertad' y advierte que 'dictar esta medida más de dos años después de iniciado el proceso no tiene nada de preventivo, suena más a vengativo'.
El segundo es el de la investigación integral y objetiva, frente al que sostiene que la Sala de Instrucción del alto tribunal 'determina la detención con conclusiones basadas en inferencias, no en pruebas directas' y añade que 'la defensa lleva dos años y medio enterándose del proceso por filtraciones selectivas y sistemáticas'.
El tercero, la exclusión de la prueba ilícita e ilegal: en este afirman que el magistrado del máximo tribunal de la justicia ordinaria, José Luis Barceló, 'investigó ilegalmente al expresidente sin tener competencia, puesto que esto le correspondía a la Sala de Instrucción' de la Corte y señala que Uribe fue 'chuzado por error, pues se agregaron al expediente interceptaciones obtenidas ilegalmente contra Nilton Córoda, asegurando que este había dado el celular de Álvaro Uribe, hecho que fue negado por el exrepresentante'.
El cuarto, el derecho a interrogar los testigos de cargo. Acerca de este asevera que no se escucharon a testigos 'que afirmaron haber recibido ofrecimientos de Iván Cepeda: Mancuso, el Tuso Sierra, Monoleche' y agrega que 'no se le ha permitido a la defensa interrogar a personas que son clave', como los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve, la esposa Deyanira Gómez, y Carlos Eduardo López, alias Caliche.
El quinto es la inviolabilidad de comunicaciones abogado-cliente: 'La Sala de Instrucción de la Corte Suprema avala la escucha y valoración de conversaciones que son sagradas y protegidas por la Constitución, como aquellas que tiene un investigado con sus abogados y las de un periodista con su fuente'.
Y en el sexto, el de la imparcialidad, califican como 'preocupante' la compulsa de copias contra testigos que declararon a favor de Uribe y critican que no se haya compulsado copias contra el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, testigo clave contra Uribe y su abogado Diego Cadena, 'a pesar de su evidente falta de verdad frente a la justicia'.
También cuestionan que no se haya compulsado copias contra Cepeda, víctima en el proceso, 'que no ha dado claridad sobre la entrega completa de las conversaciones con Monsalve y si eliminó las mismas, lo cual configuraría una posible destrucción de evidencia'.
Sentencia de esta manera Granados que 'la decisión parece reflejar más un juicio a la personalidad de Álvaro Uribe que a sus actos'.
Y, por ello, concluye, 'no tiene ningún sentido presentar un recurso de reposición que debe ser resuelto por la misma sala'.
