La senadora Aida Avella, de los Decentes, pidió este jueves invitar a la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, Dubravka Šimonovic, para que conozca la situación de los numerosos casos de violencia sexual perpetrada por miembros de la fuerza pública contra niñas, mujeres e indígenas en el país.
En el marco de un debate de control político realizado en la Comisión para la Equidad de la Mujer, la parlamentaria advirtió que, según Medicina Legal, desde enero de 202 se han practicado 7.544 exámenes médicos legales por presunto delito sexual y 6.479 de ellos fueron a menores de edad.
De otro lado, la organización activista Sisma Mujer, citó Avella, ha registrado 43 casos de violencia sexual de miembros de las Fuerzas Militares y de Policía contra mujeres en 2017, mientras que en 2018 los casos subieron a 74.
'La Defensoría del Pueblo indica que en los primeros cuatro meses de 2020 atendió 122 casos de violencia sexual contra mujeres en el marco del conlicto y en 2019 fueron 595 casos', indicó la citante.
'Hay una violencia institucional. La violencia contra las comunidades históricamente marginadas implica sistematicidad y agresión directa a la cosmovisión que como colectividades comparten', advirtió Avella frente a las víctimas indígenas.
Finalmente, señaló que las instituciones, además, revictimizan a quienes han sido agredidas en las comunidades ancestrales, pues en muchos casos, 'desconocen las lenguas indígenas para el trámite de las denuncias'.
Entre tanto, la senadora Ruby Chagüi, del Centro Democrático, aseveró que 'las Fuerzas Armadas nunca han estado diseñadas para violar los derechos de los niños de Colombia, las instrucciones persiguen asegurar la vigencia del orden democrático y el pleno respeto de los derechos humanos. Y si un uniformado es señalado de actuar contra un niño, manchando el nombre de una institucion respetable, debe ser investigado'.
Agregó la parlamentaria, en respuesta a la citante, que 'esos casos son individuales y no hacen parte de un patrón de sistematicidad. Estamos hablando de una institución que tiene medio millón de colombianos en sus filas'.
A su vez, Diana Abaúnza, viceministra de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales, afirmó en el debate: 'Todos estamos del mismo lado: en la protección de los derechos de la mujeres. Rechazamos las acciones de violencia contra la mujer y manifestamos solidaridad a las víctimas y sus familias'.
Añadió la funcionaria citada que 'no existe justificación alguna para la comisión de un delito de esta naturaleza por parte de los miembros de la fuerza pública. Quienes cometen estos delitos no representan la política institucional; por el contrario, deshonran el servicio público más loable que es el de protección a la población'.
Finalmente, aseguró la viceministra que se han tomado acciones para mejorar los controles en las instituciones armadas y para fortalecer la capacitación en materia de respeto a derechos de la mujer.
