La Contraloría informó este jueves en un comunicado que la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, Diari, ha emitido 396 alertas por presuntos sobrecostos en contratos para la atención de la pandemia cuyo valor total es de $506 mil millones.
Esto es lo que ha encontrado el ente de control al revisar registros por $5 billones, equivalentes al 22,2% de todos los contratos celebrados por entidades del Estado durante los tres últimos meses, cuyo monto total asciende a $22,5 billones.
'El 49% de los contratos relacionados con la COVID-19 han tenido por objeto la compra de alimentos, insumos médicos y elementos de bioseguridad por $2,44 billones. El 51% restante lo componen contratos de prestación de servicios y otros por montos inferiores a los $150 millones, por valor total de $2,56 billones', detalló el organismo.
Además, reporta la información que las alertas han surtido efecto: 'Llevaron a las administraciones a renegociar contratos que inicialmente valían $129.226 millones, gracias a lo cual su monto se redujo a $80.233 millones. Los posibles sobrecostos se redujeron a $7.947 millones y hasta el 13 de julio, se habían logrado beneficios económicos para el patrimonio público por $33.112 millones'.
Así mismo, debido a la oportunidad de las alarmas fueron terminados anticipadamente contratos por $21.543 millones y en 34 de estas contrataciones el sobrecosto se redujo al 0%, con un beneficio superior a los $6.000 millones, afirma el ente de control fiscal.
Finalmente, indica el reporte que el 40% de los contratos con alertas tienen origen en los recursos del orden departamental sobre 26 gobernaciones.
1.300 ‘elefantes blancos’
De otro lado, en todo el país la Contraloría ha identificado 1.300 'elefantes blancos', obras inconclusas y proyectos críticos por un valor de $20 billones.
'Hemos utilizado dos armas que nos han resultado efectivas para tener en la mira esta clase de proyectos: la tecnología, que nos permite georeferenciarlos, y el control social, que nos brinda la posibilidad de rescatarlos, por medio del Programa 'Compromiso Colombia' y con el apoyo de la Delegada de Participación Ciudadana y las Gerencias Departamentales', explicó el contralor Carlos Felipe Córdoba.
Los sectores más golpeados por estos proyectos abandonados, que se convierten en 'mamuts' y que se están referenciando con tecnología de punta, son los de agua potable y saneamiento básico; educación, transporte, vivienda, deporte y recreación y salud y protección social.
No obstante, con las alertas y el seguimiento a múltiples obras de infraestructura retrasadas o en riesgos, la entidad reporta la reactivación de 35 proyectos: una obra de infraestructura hospitalaria, 11 de Invias, 22 Unidades Funcionales de la Ani y una del sector infraestructura educativa.
'Veo con beneplácito cómo, a partir de las alertas generadas por la Contraloría a mediados junio, dentro de la estrategia Transparencia por la Emergencia, la Agencia Nacional de Infraestructura agilizó la entrega de obras fundamentales', destacó Córdoba.
Adicionalmente, se evidencia un avance en 49 obras de infraestructura educativa reasignadas a nuevos contratistas con suscripción de obra e interventoría, subrayó también el funcionario.
Por ejemplo, en cuanto a la ejecución de la ANI, se reportó un avance del 9% en el proyecto Unidad Funcional corredor férreo Bogotá Belencito y La Dorada- Chiriguaná, pasando de un avance físico del 58% al 67%.
Top 10 de contratistas
El organismo de control fiscal hizo además un 'top 10' de 'contratistas que concentran recursos de regalías en las regiones'.
En el listado del Caribe figuran el Consorcio Rivera Este (tiene más de $194 mil millones contratados en el departamento del Magdalena); el Consorcio Megavías (tiene más de $149 mil millones contratados en el departamento del Sucre; el Consorcio Mantenimiento Vial de Sucre (tiene más de $119 mil millones contratados en Sucre); Unión Temporal Vías de Colombia (tiene más de $49 mil millones contratados en el departamento de La Guajira) y el Consorcio Vial Codazzi – Aguas Blancas (tiene más de $73 mil millones contratados en el departamento de Cesar).
Colegios
En materia de infraestructura de colegios, se debería intervenir 541 instituciones, pero a junio de este año, solo se ha terminado la obra de 162 colegios, de los cuales ya se han entregado a las comunidades y estudiantes 35.
Es decir que el programa, de acuerdo al número de instituciones intervenidas entregadas, tiene un avance de tan solo el 6%, y en el caso de obras terminadas el avance sería del 30%.
'Las obras han sufrido el incumplimiento principalmente de contratistas tan conocidos como Mota – Engil, o Germán Mora Insuasti. Por estas situaciones, la CGR lleva en marcha un proceso de responsabilidad fiscal por $559.853 millones', se lee.
Río Ranchería
En la categoría de 'mamuts', que son 'elefantes blancos' que llevan bastante tiempo detenidos, el contralor mencionó casos relevantes como la construcción de la represa del embalse multipropósito del Río Ranchería, que en 2005 fue definido por el Conpes como un proyecto estratégico para el país porque debía abastecer de agua a cerca de medio millón de habitantes de nueve municipios de La Guajira y generar 22.6 megavatios de energía al año.
'Hoy es uno de los mamuts más vergonzantes de Colombia y allí la Contraloría ha hecho hallazgos con connotación fiscal por más de $637.000 millones', dijo.
San Andrés
En San Andrés, señala el ente de control, están paralizadas obras como el Tropical Park, en el que se invirtieron más de $12.000 millones; el Colegio CEMED y el Parque Sunrise Park.
Así mismo, en Providencia y Santa Catalina, no hay ningún avance en la ejecución de obras como la piscina olímpica, en la que ya se han gastado $1.600 millones y la pista de bicicross, en la que ya se han comprometido más de $1.200 millones.
'En la mira de la Contraloría está también la planta de desalinización y la compactadora de basuras', indica el comunicado.
