La directora del ICBF, Lina Arbeláez, lamentó el fallecimiento de dos menores de 17 y 24 meses de edad en La Guajira e hizo un llamado 'a la corresponsabilidad de las familias para garantizar los derechos de la niñez'.
Las pequeñas, usuarias de los servicios de Primera Infancia en la península, explicó que la niña de 17 meses 'ingresó en abril a la modalidad de atención Propia e Intercultural del Instituto, recibiendo atención integral. Mes a mes la familia recibió las canastas nutricionales y se verificó que contara con el peso y la talla adecuados para la edad. Sin embargo, no tenía completo el esquema de vacunación. El 27 de junio el padre de familia le informó al agente educativo sobre el fallecimiento de su hija, quien un día antes se enfermó sin que fuera trasladada a algún centro médico para ser atendida'.
Frente a la muerte de la niña de dos años, advirtió que 'debido a un conflicto entre la autoridad indígena y el operador se impidió desde el mes de mayo la entrega de canastas alimentarias y el seguimiento a los usuarios de primera infancia del ICBF, modalidad a la que estaba vinculada la menor de edad'.
Concluyó la funcionaria con un mensaje a las familias: 'Necesitamos contar con el apoyo de los padres de familia para protegerlos en medio de la pandemia'.
El pasado miércoles la ONG Indígena de Derechos Humanos Nación Wayuu denunció que en menos de una semana en el municipio de Manaure, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades tradicionales de las comunidades de Muralen y Watsuamana, murieron las dos niñas.
'Estas niñas, de acuerdo con versiones de las autoridades tradicionales, se encontraban adscritas al programa de modalidad propia del ICBF a cargo de la fundación Cámara Junior capítulo Wayma, fundación que ingresó a los territorios indígenas de manera inconsulta y arbitraria, sin ningún aprecio y/o sentido de pertenencia hacia los niños wayuu que atienden', aseguró José Silva Duarte, de la ONG.
Y añadió que según las versiones de las autoridades tradicionales esta fundación se negó a prestar los apoyos y acompañamientos necesarios a las niñas que ya venían presentando dificultades en su salud y nunca activaron las rutas correspondientes de prevención y acompañamiento.
