El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, reiteró este viernes en rueda de prensa que la brigada de EE.UU., sobre la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender las actividades en el territorio nacional, no se trata de un tránsito de tropas.
'Es importante reiterar que la presencia en actividades de asesoría, capacitación y entrenamiento de un componente de la Brigada Norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad, a la luz del ordenamiento constitucional, no requiere permiso del Senado de la República. (...) No estamos frente a un tránsito de tropas, eso es lo que tiene que quedar claro, y que acá hay es un trabajo de cooperación que está avalado por la Constitución y la ley vigente', dijo.
Aseguró además que el fallo se acatará de manera inmediata en cuanto a la suspensión de las actividades de los 53 militares norteamericanos -de los que aseveró no participan en operaciones y no están armados- y que se revisan alternativas diplomáticas para establecer si los uniformados pueden permanecer en el país o si deben salir de él.
El jefe de la cartera de seguridad, afirmó, no obstante, que la cooperación binacional entre Bogotá y Washington se mantendrá: 'Colombia continuará adelantando por razones de seguridad nacional todas las tareas de cooperación binacional con Estados Unidos'.
El pasado jueves, Trujillo había anunciado que impugnaría la providencia ante el Consejo de Estado.
Más temprano, el presidente Iván Duque emitió un pronunciamiento en Twitter frente a la determinación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca: 'Lucha contra narcotráfico no se detiene y no se detendrá. Llevamos más de 300 extradiciones, la mayor reducción de área sembrada en 6 años, las mayores incautaciones de cocaína, y avanzamos con nuestros aliados internacionales en campañas contra este flagelo'.
A su vez, el expresidente y senador Álvaro Uribe, del Centro Democrático, cuestionó la decisión judicial en su cuenta de Twitter: 'Traer asesores no es traer tropas de combate, ni violar derechos fundamentales, pero por tutela se despoja al presidente de la obligación de recuperar el orden público'.
