Este viernes la Fiscalía dio a conocer que, el pasado 9 de junio, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a Juan Francisco Prada Márquez, alias Juancho Prada, ex comandante del frente Héctor Julio Peinado Becerra de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Por cerca de 465 hechos delictivos documentados por la fiscalía adscrita a la Dirección de Justicia Transicional, Prada y 29 personas más deberán pagar 8 años de prisión, la pena máxima en el marco de la Ley de Justicia y Paz.
No obstante, Eduardo Carreño, representante de algunas de las 3.385 víctimas (1.688 directas y 1.697 indirectas) de los múltiples crímenes por los que Prada fue sentenciado, señaló que dicha sentencia es 'un benefi cio que no corresponde a la realidad de las víctimas'.
'El volumen de crímenes cometidos contra la población de la región es de una magnitud impresionante que no amerita una pena de sólo 8 años. Aunque no es lo esperado por las víctimas, peso a no estar conformes, lo aceptan y reconocen en aras de que estos procesos de justicia transicional ayuden a solucionar ese conflicto algún día, pero esa condena es un premio'.
‘Juancho Prada’ y los 29 sentenciados fueron condenados por los delitos de homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito de menores, violencia basada en género, entre otros.
De acuerdo con el material recopilado, precisó la Fiscalía, se conoció que el frente Héctor Julio Peinado Becerra delinquió desde 1992 hasta marzo de 2006 en los municipios del sur de Cesar, como San Alberto, San Martín, Aguachica, Gamarra y Río de Oro; también en Ocaña, Abrego y La Playa de Belén en el departamento de Norte de Santander.
Entre los hechos violentos que se le atribuyó a este grupo de las AUC están los desplazamientos masivo de la fi nca Bellacruz, ocurrido en 1996, y de la finca Villa Oliva, en 1994.
Así mismo, las masacres de Puerto Patiño 1, en la que cuatro personas fueron asesinadas en 1994, y de Puerto Patiño 2, en la que mataron a siete personas en 1995. También la masacre de Paloquemao, en 1999, cuando cuatro personas fueron asesinadas.
Carreño, quien lleva proceso de víctimas de homicidio tras el desplazamiento de la hacienda de Bellacruz y hace parte del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, indicó que Prada reconoció haber participado enviando personas a dirigir operativos contra campesinos que habían tomado posesión de algunos baldíos en la región y 'que después fueron asesinados por una acción conjunta del Ejército, Policía y paramilitares en la zona'.
No obstante, lamentó que la reparación a las víctimas es una promesa que todavía está 'muy lejos' de ser cumplida.
'Después de esa sentencia hay que esperar que quede ejecutada, que se confi rme el fallo y se abra el proceso de incidente de regulación de prejuicios, y eso es demorado, allí se determina la devolución de tierras de despojados e indemnizaciones por prejuicios morales a cada una de las víctimas. Pero, después del trámite, viene el cobro, que es la gran difi - cultad. Este último se hace a través de acción social y la ofi cina para las víctimas creada por el Estado y los presupuestos son anuales, las víctimas entran a hacer fi las a ver cuándo les toca el turno. Es una espera muy prolongada a la que se tienen que someter las víctimas', detalló el abogado para víctimas.
Precisó que ya han pasado 20 años y estimó que, de agilizarse el proceso y contando con que el Estado tenga presupuesto, faltarían todavía como unos cuatro o cinco años para que las víctimas sean reparadas.
