Fernando Carrillo Flórez, procurador general de la Nación, denunció ante la Fiscalía el reclutamiento ilícito, uso de menores de edad en la comisión de delitos, lesiones y homicidios de personas protegidas, actos de terrorismo, tortura y desplazamiento forzado del que han sido víctimas miles de niñas, niños, adolescentes y familias campesinas e indígenas, en medio de la pandemia por el coronavirus.
El jefe del Ministerio Público señaló como responsables de los hechos delictivos al Ejército de Liberación Nacional, Eln; las disidencias de las antiguas Farc, y otros 8 grupos armados ilegales.
Ante los actos delincuencial denunciados, Carrillo Flórez pidió al ente investigador que se inicie una investigación criminal 'bajo la convicción de su priorización, conforme a la prevalencia de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes afectados y de sus familias y miembros de las etnias enunciadas en el texto; se proceda, de acuerdo con la normatividad, a solicitar ante el juez de control de garantías la audiencia preliminar de imputación de cargos'.
Asimismo, el jefe de la Procuraduría General de la Nación indicó que identificó el accionar delictivo de los llamados Caparrapos, el Bloque Virgilio Peralta Arenas, BVPA; las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, los Rastrojos, los Urabeños, las Águilas Negras, ‘Los Paisas’, el grupo E-40 y demás grupos armados organizados residuales.
La petición identifica a estos grupos con la utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, actos de terrorismo, tráfico fabricación o porte de estupefacientes, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias, omisión de medidas de protección de la población civil y amenazas, señala el comunicado de la Procuraduría, y dirigido a la Fiscalía General de la Nación.
Finalmente, Fernando Carrillo Flórez pidió priorizar las investigaciones por estos eventos criminales contra niños y niñas cometidos en medio de la emergencia derivada por el coronavirus, que 'adquieren un mayor reproche social, dada la prevalencia constitucional de sus derechos y la protección integral que se debe brindar a la población de infancia y adolescencia'.
