La Defensoría del Pueblo llamó la atención este lunes en un comunicado sobre 'los impactos y las condiciones' en las que se están llevando a cabo operaciones de erradicación de cultivos ilícitos en algunas zonas del país, que se están registrando junto a protestas sociales de las comunidades, muchas veces, dice el ente de control, impulsadas por 'actores armados'.
Recuerda el organismo del Ministerio Público que las acciones de erradicación de cultivos ilícitas son 'legítimas' y que, preferentemente, se deben aplicar una vez se hayan agotado las labores de sustitución de cultivos ilícitos.
Por ello, la Defensoría recomienda acelerar las labores de sustitución contenidas en el Acuerdo de Paz, una articulación al respecto en el Gobierno Nacional, garantizar los derechos humanos en las acciones de erradicación forzosa y la estabilidad socioeconómica de las familias involucradas en los programas.
