Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del exjefe paramilitar conocido como ‘Jorge 40’, fue nombrado director de víctimas del Ministerio del Interior, una decisión que fue criticada este martes por diversos sectores que consideran que es una afrenta contra quienes sufrieron los crímenes de su padre.
'¿Este es el trato y respeto que le merecen al Gobierno nacional las víctimas? ¿Esta es la 'paz con legalidad'? ¿Legalidad a quién? ¿A qué?', escribió en su cuenta de Twitter la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, una de las más férreas opositoras del Gobierno del presidente Iván Duque.
Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40 —uno de los más sanguinarios jefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)—, fue extraditado en 2008 a Estados Unidos donde paga una condena de 16 años y medio de cárcel por delitos asociados al narcotráfico.
El exjefe paramilitar fue procesado bajo la Ley de Justicia y Paz por los delitos de desplazamiento forzado, homicidio, tortura, desaparición forzada, reclutamiento ilícito y destrucción y apropiación de bienes protegidos, pero luego fue expulsado de ese mecanismo y extraditado a Estados Unidos.
Debate sobre idoneidad de Tovar
La decisión encendió un debate porque el Gobierno defiende que Tovar asuma el cargo porque 'no ha cometido delitos', mientras que los críticos, incluidos miembros del Centro Democrático, consideran que el Ministerio del Interior está entregando un mensaje equivocado con su nombramiento.
'Es increíble que no seamos capaces de darle oportunidades a quien no ha cometido delitos. El día que él no cumpla o cometa algún delito se tiene que ir, pero mientras tanto no se va a ir porque él no tiene ningún problema con la justicia', manifestó la ministra del Interior, Alicia Arango, en un debate en el Congreso.
Agregó: 'Si fuera alguien de un grupo guerrillero o exguerrillero que se hubiera nombrado ahí, también lo defendería porque no tiene la culpa de que su papá se hubiera equivocado'.
En ese sentido, Rafael Nieto, miembro del Centro Democrático y exviceministro de Justicia, consideró que 'no hay delitos de sangre y nadie tiene la culpa de los delitos cometidos por sus familiares, pero no es coherente, no es presentable y es provocador nombrar al hijo de 'Jorge 40' como cabeza de la unidad de víctimas. Tan insensato como esposa de (Iván) Cepeda en la JEP'.
Con él coincidió el representante a la Cámara Inti Asprilla, del partido Alianza Verde, que se preguntó si 'se les puede imponer a las víctimas de su padre y socios paramilitares que sea precisamente él quien deba garantizar sus derechos'.
Por su parte, el exministro Juan Fernando Cristo manifestó que la decisión le generó un debate interno: 'No dejo de pensar en cómo se sienten las víctimas de su padre y al tiempo en que este joven no tiene la culpa de los crímenes del jefe para'.
Así mismo, salió en contra del Gobierno: 'Se les fue la mano. Es cruel e inhumano con las víctimas. No podían encontrarle otro cargo, de los tanto que tiene el Estado, ya que es tan cercano al Centro Democrático y a sus jefes políticos del Cesar. Un abrazo enorme y solidario ante esta ofensa a las víctimas del Bloque Caribe de las AUC'.
Otra de las razones por las que han cuestionado a Tovar es por un tuit que publicó en 2016 en el que decía que su padre, el comandante del Bloque Norte de las AUC que operaba en los departamentos de La Guajira, Atlántico, Cesar y Magdalena, era un preso político.
No obstante, otros sectores tienen otra mirada sobre este nombramiento.
Es el caso del jefe del Partido FARC, Rodrigo Londoño, quien en diálogo con la ‘W radio’ expresó: 'Me ha quedado la impresión que es una persona comprometida con la paz. Yo en principio no tengo problema con ese nombramiento pero hubiera sido bueno que se concertara con todas las víctimas'.
En este mismo sentido, una fuente de la Comisión de la Verdad le dijo a EL HERALDO que Tovar 'apoyó el Acuerdo de Paz con las FARC, pidió perdón por la violencia ejercida por su padre y desde el 2017 al 2019 ha participado en diálogos junto a Jaime Palmeras, hermano de Simón Trinidad'.
Tovar Vélez es profesional en jurisprudencia con especialización en ciencias penales y criminológicas y también cuenta con una maestría en Alta Dirección Pública.
