Luego de que el ex jefe de la Justicia Penal Militar Alejandro Ramírez señalara que su retiro del cargo pudo haber sido por las investigaciones y denuncias que venía realizando al interior de la institución, según una fuente del Ministerio de Defensa, éste sólo tenía facultades administrativas y gerenciales.
'Él, como director de la Justicia Penal Militar, no tiene ninguna facultad investigativa, sino facultades administrativas y gerenciales. Los encargados de la investigación son los jueces y fiscales. Además, tampoco estaba dentro de sus competencias la investigación de generales, puesto que, por ser aforados, le corresponde dicha indagación a la Corte Suprema de Justicia o a la Fiscalía delegada de la Corte', explicó una fuente del Ministerio de Defensa.
Sobre el retiro de Ramírez del cargo, desde la cartera de Defensa dejaron claro que esta decisión se dio tras ser declarado insubsistente.
'Al ser un cargo de libre nombramiento y remoción se declaró insubsistente. La cabeza de cada sector decide si se declara o no la insubsistencia', indicó la misma fuente.
No obstante, EL HERALDO conoció que previo al retiro del ex jefe de la Justicia Militar, el Ministerio de Defensa detectó 11 hallazgos tras la auditoría No. 15 que se realizó entre el 24 de enero y el 26 de febrero de este año.
En el informe de dicha auditoría citan los siguientes hallazgos: Debilidades en la planeación de los traslados, en la planeación jurídica de los actos administrativos de traslados, debilidades en la política de traslados, en la política para efectuar nombramientos, vacantes sin nombrar, carencia de asesores jurídicos, solicitud de revocatoria por parte de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, debilidad en la confiabilidad de la información, en la integridad y confiabilidad de la información, vacantes en los despachos y debilidades en la comunicación entre la dirección de la Justicia Militar y el Ministerio de Defensa.
'Una vez el ministro se posesiona, empieza a recibir muchas quejas sobre los traslados en Justicia Penal Militar. Se encontró que el director estaba tramitando 141 traslados, de los cuales la gran mayoría no estaban justificados', dio a conocer una fuente de Gobierno.
La misma fuente explicó que para la realización de los traslados se requiere de una motivación, como un mínimo requerimiento legal. Y dichas motivaciones pueden ser por razones del servicio o por fuerza mayor, que las personas lo hayan solicitado.
Sin embargo, según contó una fuente de la cartera de Defensa, el ex jefe de Justicia Militar no envío las justificaciones de estos traslados: 'Cuando el ministro (Carlos Holmes Trujillo) llegó al cargo, se le dio la oportunidad (a Ramírez) de que justificara o hiciera una evaluación de los traslados. No es que no los pudiera hacer, es que los hiciera bien. No lo hizo, tuvo todos estos meses. Así que se le quitó esa facultad y el tema de los traslados pasó al secretario General del Ministerio de Defensa'.
En este sentido, en el informe se cita que la comunicación entre la Dirección Ejecutiva de la Justicia Militar (DEJPM) y el Ministerio de Defensa era 'débil'. Según uno de los hallazgos que se detectaron en la auditoría, a pesar de que se le solicitó las hojas de vida del grupo de asesoría legal de la DEJPM para ser publicadas en la página de la Presidencia y de la cartera de Defensa, estas no fueron enviadas.
Estas habían sido solicitadas en tres ocasiones: mayo, junio y septiembre de 2019.
Además, también se conoció tras la auditoría que, de 273 despachos judiciales, en 59 había vacantes que no se han sido ocupadas.
Pese a los hallazgos encontrados, el Ministerio de Defensa reiteró que estos no fueron la motivación jurídica para declarar insubsistente a Ramírez. 'Esa declaración se dio por la facultad que tiene el ministro, por ser un cargo de libre nombramiento', enfatizó la fuente.
