Durante la Mesa por la Vida dirigida por la Procuraduría General, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, hizo un llamado enfático a seguir las recomendaciones del secretario General de la organización a un cese al fuego global.
'Colombia necesita que se pongan en encierro los conflictos armados, suspenderlos y centrarnos juntos en la verdadera lucha de nuestra vidas', expresó Ruiz.
El procurador General, Fernando Carrillo, refirió que según cifras de Somos Defensores han asesinado a 62 líderes sociales entre enero y marzo de este año. Así mismo, Indepaz ha registrado 84 asesinatos de líderes en lo que va del año, de estos 26 homicidios han sido en el Cauca y 24 han sido contra excombatientes.
'La violencia se ha recrudecido en determinadas zonas del país, en las regiones más vulnerables como el alto Baudó, el alto y bajo Atrato, Nariño, Putumayo, Catatumbo. Cauca sigue registrando una gran presencia de narcotráfico y de estigmatización de unos y otros', agregó Carrillo.
Así las cosas, pese a la pandemia por la COVID-19, el asesinato a líderes sociales no se ha detenido. Una de las líderes sociales que participó en la Mesa por la Vida, en representación de la zona de los Montes de María, señaló que por la pandemia los procesos de implementación de los acuerdos de paz se han paralizado, pero 'la violencia continua'.
'Los mercados en estas zonas se reparten a partir de la lista de politiquería y amiguismo y no tienen en cuenta a quienes tienen carencias. A muchos líderes sociales no les ha llegado eficientemente la ayuda humanitaria, no llega a las víctimas reales', denunció la líder social.
En este sentido, el jefe de la Misión de Verificación recordó que ya la ONU había alertado que la pandemia por la COVID-19 impactaría el ritmo de implementación del Acuerdo de Paz; ya que las restricciones de movilidad y el aislamiento limitarían la ejecución de los programas del Acuerdo. Por lo que hizo un llamado a las autoridades colombianos para priorizar la atención a las víctimas y líderes sociales.
También el procurador General indicó que desde el Ministerio Público y en conjunto con la ONU piden que la implementación del Acuerdo de Paz no sea una víctima de la pandemia.
'No podemos permitir que el COVID-19 se vuelva la excusa para la violencia, quitándole los recursos a la paz y retrocediendo los terrores de la guerra', afirmó Carrillo.
Además, la líder social de los Montes de María pidió al Gobierno atender a los territorios, que pese a las medidas de lavado de manos por la pandemia, no cuentan con agua.
De igual forma, elevó la petición de líderes sociales que están exiliados, pero que sus familias quedaron desprotegidas en los territorios.
'Están preocupados porque salen del territorio; pero sus familias quedan amenazadas y vulnerables. Jorge Montes salió del territorio y dejó a 8 sobrinos huérfanos y sus papás, que por el confinamiento no pueden realizar las actividades que hacían para ganar dinero. El líder, a pesar de que está protegido por el Estado, lleva días sin poder dormir por la situación que atraviesa su familia', expuso.
Por lo que, solicitaron en la Mesa por la Vida que el Estado pueda atender a las familias de los líderes que están en exilio con ayudas económicas para su subsistencia. Así como, piden que no sea el líder el que tenga que salir de sus territorio, sino que se refuercen las rutas policiales y se pongan alarmas comunitarias para que la 'protección sea colectiva y no individual'.
