El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Navarro, aseguró este lunes que el más reciente escándalo de 'chuzadas' castrenses a periodistas, políticos, sindicalistas y ONG 'no es una política institucional'.
A menos de cuatro meses del último de estos frecuentes escándalos de espionaje que ha habido en los últimos 25 años en el país, el alto oficial aseveró que las pesquisas revelarán todo sobre esta nueva red de interceptaciones ilegales: 'Hay que llegar al fondo de estas investigaciones, no sabe uno lo que estaban buscando, todo lo que podamos aportar lo haremos'
La idea, agregó este lunes Navarro en entrevista con la emisora 'Blu Radio', es 'que las investigaciones nos lleven a establecer quiénes estaban detrás de esto'
Frente al diagnóstico inicial del porqué se destapan reiteradamente este tipo de hechos, como el que develó hace un par de días la revista 'Semana', el alto mando señaló: 'Hay unas fallas de protocolo de supervisión, de control, de responsabilidades en cadena de mando de ciertas unidades'.
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Afirmó además el comandante de las fuerzas castrenses que en las 'chuzadas' no están implicados recursos de la cooperación internacional, y sobre todo de la de los Estados Unidos: 'La cooperación de los EE.UU. está centrada en combatir narcotráfico y terrorismo. Le garantizamos al país y aliados que esas investigaciones darán con los responsables y ellos asumirán sus actuaciones ante la justicia'.
Las declaraciones las entrega Navarro luego del anuncio del Ministerio de Defensa de los 11 oficiales llamados a calificar servicio y de un decreto y una resolución que indica el nombre de ocho de ellos.
Según refiere el Decreto 616 del 1 de mayo de 2020, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, retiró del cargo 'de forma temporal' a los coroneles Juan Pablo Prado Torres, Julio Tobías López Cuadros, Helmont Rene Ramos Naranjo, Milton Eugenio Rozo Delgado y Hugo Armando Díaz Hernández.
'Los señores oficiales continuarán dados de alta por el lapso de tres meses, contados a partir de la fecha de retiro en la Tesorería Principal del Comando del Ejército Nacional', se lee en el decreto.
De igual forma, en la resolución 1251 del 1 de mayo de 2020, Trujillo resuelve retirar del servicio activo por llamamiento a calificar servicios a los mayores Eduardo De la Torre Díaz, Hernán Rolando Villamil Ortegón y Mauricio Quintero Arias.
También en el caso de los mayores, el retiro de su cargo será por un lapso de tres meses, contados a partir de la fecha de retiro de la Tesorería Principal del Comando del Ejército Nacional.
En Colombia son al menos 25 años de escuchas ilegales las que se cumplen con esta última revelación.
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El último escándalo de ‘chuzadas’ había salido a la luz a mediados de enero pasado, cuando se revelaron interceptaciones desde dependencias militares contra magistrados, opositores y periodistas.
Otra se descubrió en 2018 con una organización de expolicías que cobraba hasta $30 millones por ‘chuzar’. Esta red de interceptaciones ilegales aparentemente desmantelada en 2018, que se conoció por haber ‘chuzado’ a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, Acdac, tras el paro de los pilotos, también habría escogido seguir de manera irregular al expresidente Juan Manuel Santos, a los políticos Gustavo Petro, Roy Barreras y Armando Benedetti, a los exnegociadores general (r) Óscar Naranjo y Humberto De la Calle, y a numerosos magistrados de todas las altas cortes.
El objetivo de la red de ‘chuzadas’ en esta carpeta en específico era investigar el perfil financiero de cada víctima, con el objetivo de hacer denuncias y ataques. Buscando bienes y cuentas en el exterior, y cuentas y movimientos bancarios. Y en su momento por estos hechos fueron capturados el general (r) de la Policía, Humberto Guatibonza; Carlos Arenas, exjefe de prensa de la Policía, además de ex integrantes del Ejército y exmiembros de la Fiscalía.
Pero las interceptaciones ilegales recientes en el país se remontan a más de una década atrás, cuando se destapó el escándalo de las ‘chuzadas’ del extinto DAS en 2009, también contra magistrados, opositores, periodistas y activistas, perpetradas desde el organismo entre 2003 y 2005 a través del grupo denominado G3.
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Por este escándalo, el expresidente Juan Manuel Santos decretó en 2011 la desaparición del DAS, tras casi 60 años de existencia como institución colombiana.
Entre los exfuncionarios de la extinta agencia de inteligencia estatal que fueron condenados figuran, además de los exdirectores María del Pilar Hurtado y el samario Jorge Noguera, el exsecretario general de la Presidencia Bernardo Moreno, el exjefe de Contrainteligencia Jorge Alberto Lagos; el exjefe de Inteligencia Fernando Tabares y el exsubdirector José Miguel Narváez
El caso de Hurtado es especialmente recordado en medio de toda esta trama porque se mantuvo prófuga de la justicia durante cuatro años hasta que se entregó voluntariamente en febrero de 2015 por la amenaza del expresidente de Panamá, Juan Carlos Varela, de retirarle el asilo político que su antecesor Ricardo Martinelli le había otorgado a la exdirectora del DAS en el istmo.
Hurtado fue condenada en 2015 a 14 años de cárcel y en 2017 Noguera fue sentenciado a siete años de prisión por las ‘chuzadas’, seis años después de haber sido condenado también el exfuncionario samario por el asesinato del profesor cienaguero Alfredo Correa de Andreis. El secretario presidencial Moreno, por su parte, recibió una pena de seis años.
También fue llamativo en medio de todo esto el papel que jugó la exdetective del DAS, Alba Luz Flórez, quien fungió como 'señora de los tintos' para poner grabadoras en la sala de la Corte Suprema.
Luego, durante el gobierno de Santos II, en 2014, estalló el escándalo de la Operación Andrómeda, como se le llamó a las labores de interceptación ilegal contra los exnegociadores de paz de La Habana.
La ‘central de inteligencia’ era manejada esta vez por el hacker Andrés Sepúlveda y su sede era el segundo piso de un restaurante en el sector comercial capitalino de Galerías. Sepúlveda trabajaba además para la campaña de Óscar Iván Zuluaga, opositor uribista de Santos, y dijo que desde el Centro Democrático le pidieron hacer las ‘chuzadas’, pero en febrero pasado la justicia desestimó estos señalamientos y fue absuelto por estos hechos el enlace con el partido, el exasesor ‘espiritual’ Luis Alfonso Hoyos.
Pero también desde 1994, cuando salieron a flote los ‘narcocasetes’ revelados por Andrés Pastrana tras perder las elecciones con Ernesto Samper, había interceptaciones ilegales, pues tiempo después Pastrana admitió que había recibido las cintas de conversaciones entre los jefes del Cartel de Cali de manos de un alto oficial de la Policía. Y entonces se desencadenó el Proceso 8.000, que llevó a la cárcel a políticos, funcionarios, periodistas y directivos de la campaña, y que en la Comisión de Acusaciones tampoco prosperó el caso contra el exmandatario.
Así mismo, desde la Policía en Medellín, durante 1997 y 2001, fueron ‘chuzadas’ varias organizaciones de derechos humanos e incluso desaparecieron los activistas Claudia Monsalve y Ángel Quintero. Por estos hechos fueron absueltos varios oficiales, entre ellos el coronel Mauricio Santoyo, posteriormente jefe de seguridad del entonces presidente Uribe.
Y en medio de la Ley de Justicia y Paz y la reelección presidencial en 2006, se reveló en 2007 que desde la Dirección de Inteligencia de la Policía se venía interceptando de manera irregular a opositores y periodistas, lo que originó la salida de 14 generales y fue nombrado el general (r) Óscar Naranjo como nuevo director, ahora paradójicamente víctima también de las ‘chuzadas’ pagas de Guatibonza y compañía.
