El Consejo de Estado y los tribunales administrativos del país harán control a los decretos de su competencia que dicten los gobiernos locales y nacional en el marco del estado de emergencia por el COVID-19.
Para ello, el Consejo Superior de la Judicatura exceptuó de la medida de suspensión de términos ordenada al ejercicio de control automático de legalidad a los actos administrativos que dicten las autoridades locales y nacional.
'Lo anterior implica que la legalidad de estos decretos que dicte el Gobierno Nacional podrá ser estudiada por el Consejo de Estado, a pesar de la orden de suspender términos judiciales en los procesos hasta el próximo 12 de abril, cuando termina la cuarentena ordenada por el Gobierno Nacional', se lee en el comunicado.
Entre tanto, los tribunales administrativos de los distintos distritos judiciales del país podrán adelantar el juicio respectivo a los decretos que dicten las autoridades locales por motivo de esta emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.
