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En 2019 casi todos los días hubo una víctima de artefactos explosivos y minas antipersonales en Colombia, lo que significó un aumento del 59% con relación al año anterior, denunció este miércoles el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

En su informe anual 'Retos humanitarios 2020', la organización indicó que el año pasado hubo 352 víctimas, incluidos 19 menores. Del total de afectados, 42 fallecieron.

La cifra global supera los 221 casos reportados por el CICR en 2018, en 13 de los departamentos más castigados por un conflicto interno que persiste después de la firma de la paz, en 2016, con los rebeldes marxistas de las FARC.

Otros grupos alzados en armas -que se financian con el narcotráfico- han copado espacios dejados por los guerrilleros, ante la tardía respuesta del Estado, según investigaciones independientes.

Christoph Harnisch, responsable del organismo humanitario en Colombia, puso de relieve el drama de las víctimas de minas. Aunque 'la tendencia no es nueva (...) es preocupante porque esto no es sólo una afectación a una persona, esto destruye familias, proyectos de vida y tiene un efecto permanente en la vida de estas personas'.

Los grupos armados usan las minas antipersonales para proteger los cultivos ilícitos y también como arma en el marco del enfrentamiento que desde hace más de medio siglo azota al país.

Desde 1985 las minas han dejado casi 12.000 víctimas, el 20% mortales, que convirtieron a Colombia el segundo país más afectado en el mundo por estos explosivos por detrás de Afganistán, según la oficina gubernamental del Alto Comisionado para la Paz.

De acuerdo al informe del CICR, las zonas con más muertos por explosivos o minas en 2019 fueron los departamentos de Nariño (suroeste), Bolívar (norte), Cauca (suroeste), Chocó (oeste) y Meta (sur).

De igual forma, el organismo reportó 93 nuevos casos de desaparición en 2019 en el contexto del conflicto colombiano.

El Centro Nacional de Memoria Histórica (organismo oficial) ha documentado hasta 83.000 desapariciones en Colombia, lo que casi triplica el número que deja las dictaduras de Argentina, Brasil y Chile en el siglo XX.

El año pasado, 27.694 personas permanecieron confinadas y 25.303 tuvieron que desplazarse por 'la profundización del conflicto armado y el deterioro de las condiciones humanitarias en las zonas más vulnerables del país', según el balance presentado este miércoles.