El ente fiscal y la Corte Suprema de Justicia acordaron que 'no enviarán funcionarios de ninguna clase a territorio venezolano' para escuchar a la excongresista o practicar pruebas en este caso.
En la comparecencia, en la que estuvo acompañado por el presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Javier Alarcón, el fiscal General, Francisco Barbosa, anunció que esta investigación se abrió de manera oficiosa para profundizar en los hechos mencionados y esclarecer la situación de las personas señaladas en las declaraciones entregadas por la exparlamentaria desde Venezuela.
Barbosa indicó que por el caso de corrupción electoral por el que fue condenada Merlano a 15 años de prisión, la Fiscalía adelanta investigaciones contra más de 15 personas, entre los que están concejales y exconcejales de Barranquilla, policías, la excandidata a la Cámara de Representantes Lilibeth Llinás y el empresario Julio Gerlein.
'Estas indagaciones surgieron como consecuencia de la compulsa de copias que hiciera la Corte Suprema de Justicia en el proceso que se le adelantó por actos de corrupción electoral y otros hechos contra la exsenadora', precisó.
El fiscal general reiteró que no pondrá en riesgo la integridad de sus funcionarios y, por tanto, no enviará una comisión de fiscales a Venezuela como se le solicitó en un derecho de petición. Además, advirtió que, como no tiene competencias diplomáticas ni consulares, de llegar hacerlo esta actuación 'implicaría un exceso en el ejercicio de sus funciones'.
Reveló, además, que existe un acuerdo con la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que ningún funcionario judicial sea enviado a territorio venezolano a escuchar a Merlano o a practicar pruebas.
Sin embargo, señaló que si la Corte Suprema de Justicia logra la práctica de una prueba que tenga relación con los procesos que adelanta la Fiscalía, esta será trasladada de inmediato a la entidad que la utilizará en el marco de las indagaciones señaladas.
En ese mismo sentido y apelando al 'ánimo de colaboración armónica' entre la Corte Suprema y la Fiscalía para llegar a la verdad con la mayor celeridad y guardando la independencia y autonomía judicial, así como sus competencias investigativas en este caso, el presidente de la Sala Especial, Héctor Javier Alarcón, confirmó que la semana pasada el magistrado Francisco Farfán extendió una investigación preliminar que ya adelantaba contra el senador Arturo Char con el fin de verificar hechos relacionados con la fuga de la excongresista Aida Merlano.
'Todo ello en razón a la existencia de una conexidad sustancial. En el auto respectivo, el magistrado ponente ordenó escuchar el testimonio de la señora Merlano por videoconferencia, es decir, ordenó una prueba', indicó.
También Alarcón explicó que la Sala Especial ya puso en marcha los mecanismos diplomáticos y consulares correspondientes, a través del Ministerio de Justicia, para lograr la declaración de Merlano. Y además precisó que si esto no es posible, se podrían considerar otros canales previstos por la ley para recoger el testimonio de la excongresista como prueba judicial.
Si el trámite resulta efectivo, el magistrado Alarcón reiteró, como lo había señalado el fiscal general, la declaración de Merlano será trasladada a la Fiscalía.
El fiscal general también aclaró que la entidad que dirige no tiene competencia constitucional ni legal para investigar al presidente de la República ni a los congresistas.
En entrevista con la periodista Vicky Dávila en Venezuela, la prófuga exongresista aseguró que su fuga fue planeada por Julio Gerlein y por la familia Char, a quienes acusa de estar detrás de un entramado de compra de votos en Barranquilla y en la Costa Caribe para distintas campañas políticas, entre ellas las del actual presidente Iván Duque. Aún las pruebas de sus señalamientos no han sido entregadas.