El representante Óscar Villamizar, del Centro Democrático por Santander, anunció la radicación de un proyecto de ley que busca reglamentar la participación en política de los servidores públicos.
'Se hace necesaria la presente reglamentación para que los servidores públicos puedan participar en actividades políticas sin que ello conlleve a contravenir los presupuestos legales, incurriendo en presiones a particulares o subalternos para respaldar campaña electoral o contenido programático de cualquier candidato, influir en procesos electorales de carácter político partidista, entre otro tipo de presiones por ejercicio de su cargo', se lee en la exposición de motivos de la iniciativa.
Agrega el documento que en las corporaciones de elección popular 'los asesores se ven restringidos en sus derechos políticos al no poder participar de actividades de carácter político, aun cuando dentro de dichas corporaciones varias de las funciones que allí se adelantan tiene una gran relación con el ejercicio político del servidor elegido popularmente'.
Por ello, el articulado plantea que los servidores públicos puedan participar en los actos políticos, siempre y cuando las realicen fuera del horario laboral, sean llevadas a cabo fuera de las instalaciones de la entidad donde realizan sus actividades laborales y sin utilizar bienes o recursos del Estado.
Aunque un parágrafo dispone que el servidor público que ejerza jurisdicción, sea autoridad civil o política, tenga a cargo la dirección administrativa, se desempeñe en los órganos judicial, electoral, de control, que forme parte de comités, juntas o directorios políticos del orden nacional, departamental, distrital y municipal, y de las entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, no podrá asistir ni participar en los actos convocados para promocionar candidatos de los partidos o movimientos políticos, o grupos significativos de ciudadanos.
Así mismo, indica que los servidores públicos 'no podrán ostentar representación alguna en los órganos de dirección o administración de los partidos, o movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos, ni dignidades o vocería en los mismos, salvo que se encuentren en licencia no remunerada y el cargo que ostenten no implique el ejercicio de jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa'.
Y advierte que las actividades políticas que se realicen en campaña electoral solo podrán ejercerse dentro de los cuatro meses anteriores al día en que se realizarán las respectivas elecciones.
Sin embargo, reglamenta el proyecto, los funcionarios no podrán difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, coaccionar o premiar a los empleados, utilizar bienes del Estado, ofrecer beneficios a los ciudadanos, recibir remuneración, inaugurar obras públicas desde la inscripción de las candidaturas hasta el día de votaciones, emitir opiniones a favor o en contra, el Ejecutivo dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones no podrán celebrar convenios ni contratos interadministrativos y no podrá modificarse la nómina de los entes públicos en los cuatro meses anteriores a las elecciones
Finalmente, en la iniciativa se dispone que los funcionarios que ejerzan autoridad y quieran ser candidatos deben renunciar 12 meses antes de la elección y los funcionarios que no ejerzan autoridad deberán renunciar 12 meses antes de la fecha de inscripción.
