Este miércoles se conoció que el magistrado Alejandro Linares entregó el martes a sus colegas de la Corte Constitucional la ponencia que despenaliza el aborto durante los tres primeros meses de embarazo y que mantiene durante los seis meses restantes las disposiciones vigentes desde 2006: el aborto no será objeto de persecución penal cuando haya violación, malformación del feto y peligro para la salud física o mental de la mujer.
Así las cosas, el máximo tribunal defensor de la Carta Magna comenzaría a discutir el proyecto de fallo a partir de la próxima semana. Esto en medio de las dos demandas de inconstitucionalidad presentadas por la abogada Natalia Bernal solicitando que se caigan las tres causales que permiten abortar en Colombia, debido a que, afirma, la normatividad anula los derechos a la vida, la dignidad e integridad física de los que están por nacer.
La ponencia, que enfrentó recusaciones y nulidades, estaba lista desde hacía varias semanas y en ella se recogen las 33 iniciativas que han iniciado durante los últimos 45 años su trámite en el Congreso pero que han sido archivadas en el intento.
El delito de aborto, por el que han sido judicializadas entre 2005 y 2017 más de 2 mil mujeres colombianas –la cuarta parte de ellas menores de edad-, contempla penas de hasta dos años de cárcel.
Por ahora, en el alto tribunal guardián de la Carta Magna, Linares, de corte liberal, contaría con cuatro de cinco votos necesarios para hacer pasar su ponencia.
Protesta. Mientras se conocía de la presentación oficial de la ponencia del togado ante sus colegas, a las afueras del Palacio de Justicia varias decenas de manifestantes, liderados por políticos de derecha del Centro Democrático, entre ellos la senadora sucreña María del Rosario Guerra, protagonizaban un plantón ciudadano.
En la protesta hubo carteles, cánticos, fotos de bebés y fetos y rosarios católicos de mujeres y hombres denominados provida, que rechazaban la propuesta de fallo del ponente.
Sobre el debate que se avecina en la Corte, Beatriz Quintero, integrante de la Red Nacional de Mujeres, le dijo a EL HERALDO: 'Para nosotras como feministas es una causa justa que el aborto sea despenalizado porque lo que está pasando es que las barreras que tienen que pasar las mujeres para acceder a interrumpir su embarazo están generando una gran angustia y sufrimiento en ellas y retrasos en el procedimiento'.
Agrega la activista que es 'adecuada' la resolución de Linares y que 'simplemente lo que falta es regular la forma de prestar el servicio, normatizar, decir en qué momento, cuánto tiempo y demás'.
Frente a los detractores del aborto que se manifestaron frente a la Corte Constitucional y en las redes sociales, Quintero planteó: 'Les preguntaría a esas personas si están de acuerdo con que a una mujer que ha sido violada también la metan a la cárcel, o metan a la cárcel a una mujer que tiene un embarazo no deseado por múltiples razones'.
Así mismo, llamó la atención acerca de que los líderes políticos que protestan sean, en su mayoría, hombres: 'Muy cómodamente todos los hombres opinan sobre una decisión que deben tomar las mujeres. Nadie está diciendo que el aborto sea obligatorio, y si usted no está de acuerdo pues bien, pero no puede opinar por la decisión de otra mujer y exigir que eso sea un delito: es una decisión de autonomía de la mujer y el Estado debe garantizar esa decisión'.
Para la líder feminista, no obstante, con la ponencia en discusión no quedan a plenitud satisfechos los derechos de las mujeres involucrados en el tema: 'Yo creo que faltaría en la legislación que tengamos educación sexual integral, acceso a la anticoncepción y toda la información necesaria al respecto'.
Entre tanto, la abogada penalista Luisa Fernanda Caldas opinó en EL HERALDO que en la discusión hay 'una colisión entre derechos y una expectativa de vida, pero considero que esa tensión se puede resolver a favor del derecho del libre desarrollo de la personalidad de la mujer y su autodeterminación de ser madre o no, y esto no genera una afectación del derecho a la vida del que está por nacer grave ni es la autorización de un genocidio'.
A su vez, la catedrática de la Universidad del Externado puso de presente que la decisión de la mujer en este sentido 'no debe analizarse solo desde lo penal, y ese bien jurídico de la expectativa de una vida puede protegerse de otras maneras, a través de políticas públicas, por ejemplo para evitar embarazos indeseados'.
En similar sentido se pronunció la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien respaldó el proyecto de fallo que se discute en la Constitucional: 'Desde la Alcaldía de Bogotá apoyamos esa postura. Las mujeres somos la población más violentada, con mayores brechas socioeconómicas y cargamos a nuestra costa el cuidado que corresponde a la sociedad. En pleno siglo XXI tenemos derecho a elegir nuestro proyecto de vida sin ser criminalizadas', ‘trinó’.
De otro lado, la senadora uribista María del Rosario Guerra dijo que había que defender la vida: 'Tenemos que defender la vida, tenemos que darle acompañamiento y oportunidades a las mujeres y tenemos que respetar la Constitución, que invoca el derecho fundamental a la vida'.
Y la concejala liberal de Bogotá, Sara Castellanos, hizo un símil entre las protestas taurinas y el asunto del aborto: 'Un toro y un bebé no son iguales. Esto debemos entenderlo! Cómo es posible luchar más por la vida de los toros que por la vida de millones de bebés?'.
