Recursos por valor de $73.312.888.560, entregados por los Fondos de Convivencia y Seguridad Ciudadana (FONSET) a diez departamentos y divisiones metropolitanas de la Policía Nacional no fueron reconocidos ni revelados en los estados financieros de Policía Nacional, durante el período comprendido entre el primero de enero de 2017 y el 30 de diciembre de 2018.
Así lo develó una auditoría contable efectuada por la Contraloría General de la República, que emitió un concepto de incumplimiento en los manejos de los recursos para seguridad. De acuerdo con el órgano de control, los bienes fungibles y servicios sobre los cuales no hay registro contable ni financiero fueron asignados en su momento a las Metropolitanas y Departamentos de Policía de Bogotá, Cali, Valle de Aburra, Cúcuta, Atlántico, Meta, Boyacá, Arauca, Choco y Magdalena.
Ante los hallazgos, la Contraloría General de la Republica emitió un concepto de incumplimiento material con reserva y llamó la atención sobre un posible desconocimiento de la normatividad que rige para el manejo de los recursos de los FONSET y del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON).
'Todos esto obedece a la falta de registro contable de los bienes y servicios, la incorporación en los sistemas de información de bienes y servicios y a las deficiencias en las entradas y salidas de almacén', señala el informe de auditoría.
La entidad oficial cuestiona igualmente las debilidades en la aplicación del principio de coordinación entre la Policía Nacional y los entes territoriales, por cuanto los servicios recibidos en las vigencias evaluadas no cuentan con los actos administrativos, actas de entrega y recibo, el registro y trámite de contratos de transferencia del dominio y mejoras a bienes inmuebles y mantenimientos en las instalaciones policiales.
El informe indica finalmente que de los 33 hallazgos administrativos, 15 tienen presunta incidencia disciplinaria. De ellos de los cuales once son competencia de la Policía Nacional y cuatro ameritaron el traslado a las entidades territoriales.
Otros cuatro presentan presunta incidencia fiscal por valor de $41.774.440.Adicionalmente, siete son Beneficios de Auditoría en cuantía de $444.287.490, y diez otras incidencias, cuyo conocimiento es competencia de las contralorías territoriales.
