Profamilia aseguró que la mujer de Popayán que accedió a la interrupción voluntaria del embarazo a los siete meses de gestación, diagnosticada con un cuadro de depresión, se encontraba bajo una de las causales despenalizadas para abortar en Colombia.
Informó la entidad sin ánimo de lucro en un comunicado emitido este martes que el pasado 17 de enero de 2020 el Juzgado Segundo Penal de Circuito Especializado de Popayán emitió un auto instando a Profamilia para que, en caso de tomar decisiones 'en lo concerniente a la interrupción voluntaria del embarazo se observara en estricta medida los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia C- 355 de 2006'.
De acuerdo con lo anterior, indicó la IPS, 'profesionales de Profamilia atendieron a la señora, identificando y certificando que se encontraba bajo una de las tres causales despenalizadas'.
Recordó Profamilia que una de las causales se da 'cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer', y agregó que esta causal 'puede ser certificada por cualquier profesional de la medicina o psicología, sin que se exija que deba contar con alguna especialidad, de acuerdo con la Corte Constitucional'.
Reiteró además que el alto tribunal defensor de la Carta Magna 'determinó que no hay límites en la edad gestacional para la realización del procedimiento, por lo que las IPS tienen la obligación de atender en todas las etapas del embarazo'.
De otro lado, advirtió la Institución Prestadora de Salud que no revelará los pormenores del procedimiento, ya que está 'en la obligación de garantizar la salvaguarda de toda la información de las usuarias atendidas. El acceso a los datos de salud física y mental, contenidos en las historias clínicas, es reservado y no es posible compartir su contenido, salvo que exista autorización explícita de la usuaria o en los casos permitidos por la Ley'.
Profamilia, finalmente, hizo un llamado a la opinión pública y a la sociedad en general 'para que se respete y garantice el ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres' y advirtió que 'ninguna mujer que ejerza sus derechos sexuales y reproductivos debe enfrentar barreras ni ser víctima de persecución, discriminación, señalamientos, estigmas sociales, y otros comportamientos que puedan vulnerar su intimidad, integridad y seguridad'.
Finalmente, indicó que en el último año, de los 3 millones de servicios de salud prestados por Profamilia, el 0,7% corresponden a interrupciones voluntarias del embarazo. De ese 0,7%, el 60% se financia con recursos privados o de cooperación y el 40% restante es asumido por el sistema de seguridad social. Y también de ese 0,7% el 92,6% corresponden al primer trimestre.
'Debido a las dificultades, entre ellas el estigma y las barreras para acceder a la educación, información y servicios de anticoncepción, el 47,5% de las interrupciones voluntarias del embarazo se dan en entre los 15 y 24 años. En el 2019 se presentaron 123 casos de IVE en menores de 14 años, lo que se traduce en 123 casos de abuso sexual', se lee en el boletín.
Y, por último, informa que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015, el 50,5% de los embarazos en Colombia son no deseados.
El caso generó una polémica a nivel nacional, luego de que Juan Pablo Medina, de 25 años y quien dice ser el padre del feto, señalara que la madre y el padre deben tener 'los mismos derechos' y asegurara estar afectado sicológicamente por la decisión de la joven. Por lo anterior, dijo que interpondrá una denuncia en contra de su exnovia por supuesto homicidio.
Aregó que en este caso no se cumple ninguna de las tres causales para abortar legalmente en Colombia: malformación del feto, violación o que la madre esté en peligro de muerte.
