No está tan cerca la reanudación de las aspersiones con glifosato sobre los cultivos ilícitos en el país. Pero ya el Gobierno da un paso decidido al reglamentar el uso del herbicida que, advierten ambientalistas, afecta la salud y el medio ambiente, pero que, asegura el oficialismo, es la vía expedita para no solo parar el crecimiento de los sembradíos de coca, sino también para bajarlos.
El pasado 30 de diciembre la ministra de Justicia, la barranquillera Margarita Cabello Blanco, dio a conocer sobre la publicación para comentarios del proyecto de decreto para volver a la aspersión del glifosato, suspendida desde octubre de 2015 cuando el gobierno de Juan Manuel Santos acogió reportes de la Organización Mundial de la Salud que advertían que era posiblemente carcinogénico para humanos.
A través de este borrador de decreto, indicó la cartera judicial, 'se desarrolla el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea'.
Así, agrega el comunicado, se da cumplimiento a los requerimientos de la Corte Constitucional en la Sentencia T-236 de 2017 y el Auto 387 de julio de 2019, 'que establecen la obligatoriedad al Gobierno nacional de no reanudar la aspersión aérea hasta proveer una protección constitucional razonable del derecho a la salud en el marco de la ejecución de esta actividad'.
No obstante, advierte que la publicación para comentarios no implica una reactivación automática de las actividades de aspersión, y que esta reanudación 'será definida por el Consejo Nacional de Estupefacientes una vez se desarrolle la reglamentación que propone el proyecto de decreto'.
