Luego de que la Corte Constitucional declarara el pasado miércoles la inexequibilidad de la Ley de Financiamiento por vicios de trámite, el presidente Iván Duque, en su segundo pronunciamiento sobre la decisión, pidió este jueves: 'No juguemos a la política con la economía'.
Durante la instalación del 12º Congreso Nacional de Gestarsalud, que se desarrolla en Cartagena, el jefe de Estado dijo que el Gobierno Nacional debe presentar al Congreso de la República la misma Ley de Financiamiento que ha dado 'certidumbre jurídica y que está produciendo efectos positivos, para que tenga vigencia a partir del año 2020'.
Y advirtió en este sentido que la denominada reforma tributaria 'no es un capricho, no es para el presidente; la Ley de Financiamiento es para el país, y en estos meses hemos visto cómo Colombia está creciendo por encima del 3%, cuando América Latina está creciendo al 0,5 por ciento'.
Agregó el mandatario que desde que entró en vigor la disposición, la Inversión Extranjera Directa, IED, presenta su mejor inicio de año desde el 2012 y en el primer semestre de 2019 crece un 24%.
'Hemos visto, adicionalmente, cómo esto ayuda a la competitividad; hemos mejorado 6 escaños en el índice mundial del IMD (Índice de Competitividad Integrada del International Institute for Management Development) y 3 escaños en el Foro Económico Mundial, llegando al mejor posicionamiento del país. Muchos de estos indicadores, derivados de los efectos de la Ley de Financiamiento', aseveró.
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La misma ley
A su vez, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo este jueves en rueda de prensa que en efecto la idea del Gobierno Nacional es llevar al Congreso exactamente el mismo proyecto aprobado.
Esto debido a que la Corte dio un plazo de dos meses, hasta el 1 de enero de 2020, para que se subsane el problema de procedimiento con un nuevo trámite en el Legislativo. Entre tanto, la denominada reforma tributaria sigue viva en lo que resta del año.
'La estrategia del Gobierno es llevar exactamente la misma ley de 2018, de manera que sea lo que el Congreso decida en diciembre de 2019, así que no hay dudas ni incertidumbres. (...) Si se tramita exactamente el mismos texto yo diría que se mantienen los márgenes de credibilidad y la solidez, si se altera o hay discontinuidad veremos cuáles serían los efectos', dijo el jefe de la cartera económica.
Sobre la decisión de inconstitucionalidad indicó carrasquilla: 'La bola está del lado del Congreso y nuestro deber es llevar este partido a buen término. Una rama pide subsanar los problemas de procedimiento y se resuelven con exactamente el mismo texto que llevamos'.
Y frente al papel que tendría el Congreso sobre la misma ley que aprobó en 2018, que será presentada con mensaje de urgencia, comentó: 'Somos absolutamente respetuosos del Legislativo, quien toma la decisión y promulga una ley es el Congreso, y él fue el que aprobó la ley que vamos a presentar'.
Agregó que aún no se puede reconocer una responsabilidad política de Hacienda en el fallo de la Corte, precisamente, porque lo que se conoce es apenas un comunicado de prensa y no una providencia.
Y finalmente anunció que el Ejecutivo pospondrá la radicación del proyecto de reforma pensional: 'Lo más urgente en este momento es darle continuidad a ese marco jurídico y tributario que tiene el país, empezando porque se hicieron cambios estructurales muy importantes y que es necesario defenderles su continuidad. Tenemos una institucionalidad que se respeta y por lo tanto tenemos que modificar nuestra agenda, por ejemplo, la ley de protección a la vejez se tiene que posponer unos días'.
Ambiente en el Congreso
A primera vista pareciera haber sintonía entre las bancadas gobiernistas y algunas de las independientes con lo sugerido por el Ejecutivo: tramitar la misma ley. Sin embargo, las huestes azules, por ejemplo, están pidiendo cambios en el articulado y las toldas rojas se negaron el pasado miércoles a votar el Presupuesto en el Senado. Así que el paso legislativo de la reforma tributaria podría resultar sorpresivo para el Gobierno. Además, porque Cambio Radical presentó una de las demandas contra la Ley de Financiamiento que estudió la Corte.
El presidente del Congreso, el bolivarense Lidio García, del Partido Liberal, emitió este jueves un comunicado en el que anuncia que están prestos a adelantar de nuevo el trámite: 'El riesgo económico, si aceptamos los argumentos del Ministerio de Hacienda, serían a partir del 2020, pero estamos a tiempo para atenuarlos, tramitando de nuevo la ley, en un proceso que debe empezar mañana mismo'.
Agregó que las toldas rojas no estarían de acuerdo con la posibilidad de gravar con IVA los productos de la canasta familiar y las pensiones e hizo un llamado 'al Gobierno, a las empresas y a los colombianos en general, a mantener la calma. Y a las bancadas representadas en el Congreso, a estudiar y tramitar responsablemente la nueva iniciativa'.
A su vez, los conservadores, en cabeza de los voceros de Senado y Cámara, el barranquillero Efraín Cepeda y Juan Carlos Wills, pidieron mayores esfuerzos del Gobierno para la formalización de empleo en el país: 'Demandamos esfuerzos adicionales en cuanto a la formalización y generación de empleo que hoy por sus altos índices se convierte en la principal preocupación del pueblo colombiano'.
Ante lo que anunciaron la convocatoria de una reunión de bancada 'lo antes posible, con el fin de hacer un análisis de la situación y tomar una decisión consensuada'.
Entre tanto, el Centro Democrático también instó este jueves a la calma y anticipó su respaldo a un nuevo proceso legislativo de la reforma tributaria.
'Bajo el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe Vélez la bancada del Centro Democrático dedicará los esfuerzos que sean necesarios para sacar adelante esa iniciativa y para salvaguardar los intereses de las personas naturales y empresas que se puedan ver afectadas por esta decisión del alto tribunal', se lee en el comunicado del uribismo.
En cambio, la Alianza Verde celebró la decisión de la Corte por haber la aprobación 'vulnerado el procedimiento legislativo'.
Y recordó que durante el trámite la bancada opositora 'alzó su voz frente a las injusticias que se podrían presentar en los proyectos de ley que respaldarían las proposiciones del Gobierno Nacional'.
Otro de los obstáculos de la Casa de Nariño serán los tiempos: las sesiones ordinarias culminan el próximo 16 de diciembre. El trámite de la ley sería, primero, en las Comisiones Económicas Conjuntas, y luego en las plenarias tanto de Senado como de Cámara. No obstante, en caso de que aún no esté lista la aprobación, el Gobierno deberá llamar a extras y tiene hasta el 31 de diciembre para hacer pasar la iniciativa que espera recaudar $7 billones.
Opiniones
Jorge Quintero, profesor de Economía e investigador de la Universidad del Norte, le dijo a este diario que la decisión de la Corte 'generará desconfianza e incertidumbre entre los entes económicos, los consumidores y los inversionistas'.
Agrega el experto en este sentido que 'normalmente, por supuesto que las decisiones de inversión de los empresarios dependen de muchos factores, pero uno de los factores que más juega en ello es el tema de las expectativas sobre lo que va a ocurrir a futuro y cuando hay incertidumbre se aplazan decisiones de inversión'.
Para Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, el Congreso de la República, el Gobierno, y a los diferentes estamentos deben tomar decisiones urgentes, de manera que permitan reemplazar las que habían sido tomadas durante el trámite llevado a cabo al final del año 2018.
'Para efecto de los empresarios, de los inversionistas, de los generadores de empleo del país, los emprendedores, de las personas que habían decidido acogerse al régimen simple y que se están formalizando en este momento, es muy importante que las normas que se habían expedido, de alguna forma puedan ser reemplazadas por unas nuevas que nos aseguren que el régimen tributario colombiano sigue siendo estable y sigue siendo el mismo que teníamos hasta este momento', expresó Mac Master en un comunicado.
Entre tanto, constitucionalistas consultados consideraron 'contradictorio' el hecho de que la Corte, que declaró inconstitucional en su totalidad la ley por vicios 'insalvables', haya decidido a renglón seguido darle oxígeno boca a boca hasta diciembre 31 de 2019: 'O sea, es inconstitucional la ley en su totalidad pero se siguen aplicando los impuestos que ella creó'.
Para los expertos, se trata de 'exóticas decisiones moduladas de la Corte que le quitan rigor y coherencia: une vela a Dios y otra al diablo'.
Por ello, opinan que el articulado debió caerse y punto, pero los magistrados 'se dejaron meter miedo en el cuerpo' acerca de que sus consecuencias generarían una 'catástrofe' al país, a pesar que Anif dijo que eliminarla 'no traería mayores traumas' y de que las aseguradoras de riesgos internacionales manifestaran que sus efectos serían 'neutros'.
