En medio del debate de control político el pasado martes en la plenaria del Senado, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, anunció que en el Gobierno Nacional preparan los contratos de los pilotos y sus entrenamientos para reanudar la aspersión aérea de glifosato.
Esto a pesar de que el Consejo Nacional de Estupefacientes, CNE, del que hacen parte en su mayoría entidades gubernamentales, no ha dictaminado oficialmente si se debe volver o no a este tipo de sustancias en el combate contra los cultivos ilícitos del narcotráfico.
'Estamos total y absolutamente listos: los aviones están funcionando, los pilotos inician contratos en el transcurso de los próximos días. Estos pilotos van a entrar a entrenamiento', dijo el titular de la cartera de seguridad en el pleno de la cámara alta.
A mediados de julio pasado, la Corte Constitucional decidió mantener las condiciones que ese mismo tribunal impuso en 2017 para el retorno de las aspersiones, pero dijo que es el CNE el que debe determinar el cumplimiento de dichos requisitos para el regreso al herbicida.
El Consejo Nacional de Estupefacientes está conformado, en su mayoría, por dependencias gubernamentales como los ministerios de Justicia, Salud, Educación, Agricultura, la Procuraduría, la Policía, el director de Aduanas y la Aeronáutica Civil. Y el gobierno del presidente Iván Duque ha señalado en numerosas ocasiones la necesidad de volver a este mecanismo para combatir los cultivos ilícitos.
Una de las principales condiciones que puso la alta corte defensora de la Carta Magna tiene que ver con el hecho de que se establezca que el glifosato no produce afectaciones a la salud de la población, en lo que el CNE 'deberá considerar y ponderar toda la evidencia científica y técnica en lo que se refiere, por un lado, a la minimización de los riesgos para la salud y el medio ambiente, y, por otro, a la solución al problema de las drogas ilícitas, conforme a los instrumentos de política pública'.
