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De $7,4 billones es el presupuesto de inversión para el Caribe que propone el Gobierno nacional en 2020, de acuerdo con la versión indicativa, conocida por EL HERALDO, que radicó este viernes el Departamento Nacional de Planeación, DNP.

En la región, que en 2019 tuvo un presupuesto de inversión de $7 billones, es decir que crece un 4,7% en 2020, se destaca el caso del Atlántico, que pasa de $1,1 billones en 2019 a $1,3 billones en 2020, o sea una variación del 14,1%, siendo el quinto departamento que más sube en el país después de Amazonas (21,5%), Guaviare (18,5%), Cauca (17,1%) y Putumayo (16,7%).

Los otros departamentos del Caribe también suben en el proyecto de Presupuesto: Bolívar pasa de $1,34 billones en 2019 a $1,38 en 2020 (una variación de2,7%), Cesar va de $863 mil millones a $901 mil millones (4,5%), Córdoba de $1 billón a $1,1 billones (2,4%), La Guajira de $746 mil millones a $816 mil millones (9,4%), Magdalena de $983 mil millones a $998 mil millones (1,6%), San Andrés de $166 mil millones a $169 mil millones (2,0%) y Sucre de $698 mil millones a $709 mil millones (1,6%).

En el regionalizado, de 219 páginas, Planeación reitera que el presupuesto de inversión total es de $40,4 billones y aclara que 'los recursos aquí enunciados son de carácter preliminar e indicativo y dependerá de la ejecución de los recursos del Presupuesto General de la Nación en cada uno de los departamentos durante la vigencia'.

Así mismo, el Gobierno divide los recursos en regionalizables (que suman para 2020 $29,7 billones y son los que están indicados en las cifras anteriores por departamentos, porque van orientados a una población localizada; es decir como subsidios a personas, infraestructura vial, escenarios deportivos, etcétera), los no regionalizables (que suman $5,8 billones y son proyectos de beneficio público nacional, que no se pueden ubicar geográficamente y determinar sus beneficios directos, o sea los recursos de Defensa Nacional, levantamiento de información y encuestas, sistemas de información, diseño de políticas y regulación económica) y los de regionalización predeterminada (que suman $4,2 billones y que son inflexibilidades asociadas a los departamentos por compromisos adquiridos en vigencias futuras en concesiones viales y obras de infraestructura asociadas a la ola invernal).