A tercer debate pasó esta semana, por votación unánime en la plenaria de la Cámara, el proyecto de ley que de pagos a plazos justos, que busca que las facturas que emiten los pequeños y medianos empresarios se tengan que pagar máximo 45 días después de entregado el producto o servicio y no hasta 10 meses después, como ocurre en la actualidad.
'Hoy las grandes empresas le están pagando a las micro y medianas empresas sus productos hasta 10 meses después, obligándolas a endeudarse o a quebrar. Estas pequeñas representan el 96% de las empresas de este país y generan casi el 90% del empleo, sin embargo, se ven sometidas a pagos con plazos completamente injustos', indicó el autor, el representante de la Alianza Verde, Mauricio Toro.
El articulado plantea además la necesidad de crear una corresponsabilidad 'para que las grandes empresas entiendan que responsabilidad social no es solo pintar casas o descontaminar ríos, sino pagar en plazos justos a aquellas empresas que les están vendiendo sus productos y que los han hecho grandes', señaló.
En medio de la discusión del proyecto, al que le restan dos debates en el Senado, el representante a la Cámara por el Atlántico, César Lorduy, de Cambio Radical, presentó cuatro proposiciones aprobadas, entre ellas una que consagra la obligación para el Estado de pagarle a los particulares que le prestan servicios o que le venden bienes, en un plazo máximo de 60 días.
'Pronto todos los que contraten con el Estado no sufrirán la eterna espera de un pago', explicó el legislador costeño.
