La Procuraduría recomendó a la Dirección General de Sanidad Militar revocar el proceso licitatorio para la adquisición, suministro y dispensación de medicamentos por valor de $387 mil millones.
Para el Ministerio Público hubo un presunto incumplimiento de los principios de la función administrativa y de la contratación estatal, que estarían limitando la libre concurrencia de oferentes.
'Las autoridades administrativas están obligadas a cumplir con los procedimientos de selección objetiva y los principios de planeación y selección objetiva; y no pueden restringir la posibilidad de recibir varias ofertas con mejores precios, que cumplan con los fines del Estado', indicó el ente de control.
Concretamente, cuestiona la Procuraduría el establecimiento de condiciones de habilitación y calificación que 'no fueron debidamente sustentadas en los estudios previos'.
También crítica el organismo de control disciplinario 'el pago de facturas sin auditoría médica, para generar 'liquidez' al contratista'.
Así mismo, puso de presente que en los pliegos de la licitación se abre la puerta al pago de medicamentos 'por encima de los precios máximos de venta' regulados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos e Insumos Médicos, originando posiblemente 'sobrecostos que se financiarían con recursos públicos' de la seguridad social en salud.
Recordó por ello el Ministerio Público que los regímenes especiales de salud también están sometidos al control de precios de medicamentos.
'Las falencias del proceso de contratación podrían afectar la estabilidad financiera del contrato y poner en riesgo el suministro de medicamentos a la población beneficiaria de los servicios médicos de la sanidad militar', concluyó la entidad.
