Estados Unidos señaló este sábado que apoya 'firmemente' los esfuerzos de Colombia para aclarar 'las alegaciones respecto a las Fuerzas Armadas' del país, tras la publicación hace una semana de un artículo en el diario The New York Times sobre ejecuciones extrajudiciales.
La portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Morgan Ortagus, dio en un comunicado 'la bienvenida a la decisión del Gobierno colombiano de establecer una comisión independiente que examine las alegaciones respecto a las Fuerzas Armadas colombianas'.
Iván Duque anunció la formación de una comisión para investigar órdenes y documentos relacionados con el Ejército, después de que el sábado pasado The New York Times publicara un artículo que advertía de que Bogotá estaba ejecutando 'otra encarnación' de los 'falsos positivos'.
Los 'falsos positivos' es como se conocen los crímenes cometidos en el pasado por militares que presentaban a civiles como guerrilleros abatidos en combate para lograr premios y permisos de sus superiores.
En su comunicado, el Departamento de Estado apuntó que 'entiende' que la nueva comisión hará recomendaciones a Duque a corto plazo.
'Durante tres décadas, la cooperación entre Estados Unidos y Colombia ha fortalecido el imperio de la ley, promovido la transparencia y la rendición de cuentas, y aumentado el respeto hacia los derechos humanos', dijo Ortagus.
La portavoz subrayó que Colombia ha dado grandes pasos en el avance de los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones que los protegen.
'Una Colombia más fuerte, estable, que proteja los derechos humanos sigue siendo un interés clave para EE.UU. y la región', indicó Ortagus.
Este viernes volvió a reavivarse la polémica tras la difusión de un segundo texto de The New York Times, en este caso un editorial, que acusaba al Ejecutivo colombiano de poner en riesgo el acuerdo de paz firmado con la guerrilla FARC, ahora convertida en partido político.
Con el anuncio de la nueva comisión las autoridades colombianas intentan alejar el fantasma de los 'falsos positivos', las ejecuciones de civiles cometidas por la fuerza pública y que entre 1998 y 2014 que se cobraron hasta 5.000 víctimas, según la Fiscalía colombiana.
Un total de 1.500 militares están involucrados en estos casos, 2.200 de los cuales están en manos de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado.
El 'modus operandi' de los militares implicados consistía en atraer a jóvenes pobres, algunos incluso discapacitados, con falsas promesas de trabajo para luego llevarlos a otras regiones del país donde eran asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate para de esta forma obtener permisos, premios y otros beneficios de sus superiores.
