El Gobierno suscribió de nuevo un compromiso para la protección de líderes sociales. Lo hizo durante un encuentro con el vicefiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, James Stewart.
A la reunión en La Haya, asistieron el consejero para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, y la vicecanciller Adriana Mejía.
En el encuentro se revisaron las directrices de protección de derechos humanos en Colombia, y se explicaron a profundidad los ejes del Plan de Acción Oportuna para la protección de líderes sociales y defensores.
Entre tanto, el senador cordobés de Colombia Humana, Gustavo Petro, denunció ante la CPI el asesinato de 462 líderes sociales y la 'impunidad' en el esclarecimiento de los autores intelectuales de estos crímenes.
Petro, quien estuvo acompañado de organizaciones de derechos humanos, indicó: 'Pedimos que si el presidente Duque destruye la JEP, la CPI entre a investigar en su competencia los crímenes contra la humanidad cometidos dentro de Colombia'.
El excandidato presidencial de izquierda aseguró que algunas de las víctimas mortales 'son del entorno que trató de construir los acuerdos de paz de La Habana', mientras que otras 'vienen de minorías étnicas, afros y pueblos indígenas'.
