A pedido de la defensa del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, la Procuraduría General de la Nación, decidió suspender el juicio disciplinario que se cumple contra el exmandatario seccional por el escándalo de los falsos enfermo de hemofilia.
La audiencia pública se desarrolló en el cuarto piso del Ministerio Público. En ella, los procuradores leyeron apartes del proceso que se le sigue a Lyons por los millonarios recobros y la cuenta de los falsos enfermos.
Sin embargo, el apoderado del exgobernador, Álvaro Lyons, le pidió al Ministerio Público aplazar la diligencia debido a lo que él consideró fue un error en la motivación de la acusación en contra de su defendido.
'La audiencia se suspende porque en efecto, en la parte fáctica de las motivaciones de la Procuraduría, existe un error porque se está hablando de hechos ocurridos en el año 2016, cuando mi defendido había dejado el cargo', explicó el jurista.
Señaló que el hoy exgobernador fue mandatario de los cordobeses entre los años 2012 y 2015. Los hechos irregulares que motivaron este proceso habrían ocurrido entre los años 2014 y 2015.
El defensor del exmandatario indicó que su cliente ya había cometido las irregularidades que le imputan.
Según el Ministerio Público se habrían realizado pagos por 35.900 millones de pesos a IPS como Unidos por el Bienestar, sin que se hubiera probado que los enfermos de hemofilia en efecto padecían de esta enfermedad, pese a que se efectuaron los respectivos recobros.
La Procuraduría le imputó dos cargos a Lyons Muskus: el primero por un posible incremento injustificado de su patrimonio y al parecer, le permitió a la IPS Unidos por su Bienestar S.A.S., que se beneficiaria de la misma manera con la prestación de servicios para atender pacientes con hemofilia que pagaba la Gobernación de Córdoba en los recobros de los medicamentos no POS de las vigencias 2013 – 2015.
El organismo de control disciplinario señaló que 'la gobernación y la Secretaría de Desarrollo de Salud, perdieron la facultad de disponer de dichos recursos y estos quedaron bajo el control de terceros que no habían prestado el servicio'.
Entre tanto, en el segundo cargo, la Procuraduría le reprochó al entonces gobernador, el presuntamente haber aceptado dinero por realizar un acto propio de sus funciones, durante los años 2013 a 2015.
Para el ente de control, 'el investigado vulneró los principios que rigen la función pública, omitió la responsabilidad que tenía de salvaguardar la función administrativa que debe estar dirigida al servicio de los intereses de la comunidad, y al parecer, no garantizó la transparencia, economía, eficacia y celeridad que debe tener la contratación pública'.
Las faltas fueron calificadas provisionalmente como gravísimas, a título de dolo.
La continuación del juicio disciplinario contra Lyons se realizará el próximo 24 de abril, a partir de las 9 a.m.
