Durante el encuentro de situación carcelaria y derecho a la salud en la Universidad de Eafit, en Antioquia, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, manifestó que se han violado los derechos fundamentales de las personas que se encuentran recluidas en los diferentes centros carcelarios del país, por lo cual anunció una indagación a 28 alcaldes del país en 28 entes territoriales.
Las siete ciudades capitales de la costa Caribe junto a otras como Medellín, el sector del Eje Cafetero, Bogotá, Cúcuta, Bucaramanga y Cali, entre otros entes, serán indagados.
Carrillo señaló que 'la negligencia ha sido extrema y muchos alcaldes ni siquiera se han dignado a responder a las solicitudes de la Procuraduría con la responsabilidad que tienen a nivel de los establecimientos penitenciarios y carcelarios para tomar cartas en el asunto'.
El directivo del ente de control agregó que se harán visitas a los centros penitenciarios, pues es necesario dotar y transformar instalaciones, como lo está haciendo Medellín con una antigua comisaría que está siendo reutilizada como reclusión de paso pues esta ciudad tiene disponibilidad de cupos de 7.500 personas y actualmente hay 13.800.
La salud
Dentro del plan de acción, el procurador dijo que si bien las problemáticas son varias, la salud es lo que más preocupa pues 'es un sistema fundamental con recursos públicos' y que 'independientemente del mea culpa colectivo podemos afirmar que la responsabilidad es de todos'.
Carrillo Flórez también alegó que esto se debe a la falta de coordinación entre las entidades territoriales con el gobierno central que afecta a esta población en el afán de tener a todo el personal en un solo lugar.
'Independientemente que hayan bajado los índices de hacinamiento, la violación de derechos fundamentales sigue siendo el pan de cada día y pareciera que eso no le importa a nadie. Por eso hay que dejar un poco lo que ha sido la política criminal del estado… esa esquizofrenia que se ha presentado en el país en relación a un populismo punitivo que aumenta las penas y que quiere ver a todo el mundo dentro de la cárcel pero no hace nada por la reinstitucionalización del sistema', señaló Carrillo durante su intervención.
El procurador manifestó también que la acción popular contra los mandatarios busca aprovechar las circunstancias para armar el plan de acción y usar la carta de navegación de inversiones que en estos momentos está en boca de todos como lo es el Plan Nacional de Desarrollo pues alega que se debe 'examinar todo el tema de funciones público-privadas' para contribuir a la modernización de la infraestructura y acabar con el hacinamiento.
