La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exsenador de la República, al exsenador, Álvaro Antonio Ashton Giraldo, por el presunto pago de una millonaria suma, al parecer destinada a buscar beneficios frente a actuaciones que adelantaba en su contra la Corte Suprema de Justicia, en lo que se conoce como el 'cartel de la toga'.
El Ministerio Público reprochó al excongresista por presuntamente ofrecer, a través del exmagistrado Francisco Javier Ricaurte y posteriormente dar por intermedio del exdirector de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno Rivera, alrededor de $600 millones, con el fin de que se dilatara el trámite de su proceso por la denomimada parapolítica.
Dicha cifra al parecer iba dirigida a los magistrados, Gustavo Enrique Malo Fernández y José Leonidas Bustos Martínez.
Delito
De acuerdo con la investigación disciplinaria, realizada por la Procuraduría, Ashton Giraldo pudo cometer el delito de cohecho por dar u ofrecer ya que, al ostentar la dignidad de Senador de la República, entregó una alta suma de dinero para obtener beneficios judiciales.
Además, el Ministerio Público calificó provisionalmente la supuesta falta del disciplinado como gravísima cometida a título de dolo.
Según señaló la Procuraduría, en la decisión se negó la solicitud hecha por la defensa del excongresista, de remitir copias del expediente disciplinario a la Jurisdicción Especial para la Paz.
Así mismo, ante la Jurisdicción Especial para la Paz la Procuraduría conceptuó negativamente a la propuesta presentada por el exsenador para que la jurisdicción especial conociera el proceso penal que por esta misma causa le adelanta la Corte Suprema de Justicia.
'Mal haría en conocer esta Jurisdicción de Paz casos que involucran a altos dignatarios del Estado como son el ex senador y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en los cuáles se negociaban fallos acomodados desconociendo la justicia, sin ningún tipo de relación con el objeto buscado en el Acuerdo de Paz, y menos aún con el conflicto interno que van en desmedro de la institucionalidad', apuntó la Procuraduría.
